Por Juan Pablo Ojeda
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la confrontación armada entre las organizaciones criminales denominadas “Los Tlacos” y “Los Ardillos” ha generado el desplazamiento forzado de 96 personas en la región de Chilapa, Guerrero. El recrudecimiento de las hostilidades en la zona serrana obligó a las familias a abandonar sus hogares ante el riesgo de agresiones directas derivadas de la pugna por el control territorial y de rutas de trasiego.
Durante el informe de seguridad de este martes, el funcionario detalló que el Gabinete de Seguridad mantiene una presencia permanente de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en las comunidades afectadas. La estrategia gubernamental se centra actualmente en la estabilización de la zona mediante patrullajes preventivos, tras documentarse que la violencia escaló en semanas recientes debido a la ruptura de acuerdos previos entre las células delictivas mencionadas.
La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, realizó una visita de supervisión directa a la región para coordinar las acciones de atención a las víctimas. Según las autoridades, el objetivo primordial es garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el retorno de los desplazados, quienes se encuentran actualmente bajo protección institucional en albergues temporales de municipios aledaños a la zona de conflicto.
García Harfuch puntualizó que el despliegue de las fuerzas federales se realiza bajo protocolos de contención que priorizan la protección de la población civil para evitar bajas colaterales. El funcionario reconoció que la situación en la sierra de Guerrero es «muy delicada», debido a que los actores armados mantienen posiciones en terrenos de difícil acceso, lo que complica la operatividad táctica de las autoridades estatales y federales.
Como medida de refuerzo, se anunció la instalación de una nueva base de operaciones mixtas dentro de la región de Chilapa. Esta infraestructura permitirá una respuesta más ágil ante nuevos brotes de violencia y servirá como punto de control para supervisar el flujo de vehículos y personas en los corredores estratégicos que conectan la montaña con la zona centro del estado de Guerrero.
Actualmente, las autoridades federales apuestan por el diálogo con líderes comunitarios para consolidar la presencia institucional de largo plazo. La intención es desarticular la influencia que los grupos criminales ejercen sobre las actividades económicas locales, particularmente en sectores como el transporte público y el comercio de productos básicos, los cuales han sido blanco de extorsiones sistemáticas por parte de ambos bandos.
La problemática de desplazamiento en Guerrero ha sido recurrente durante el último trienio, sumando incidentes similares en Chilpancingo y Quechultenango. Los datos oficiales indican que la disputa entre «Los Tlacos» y «Los Ardillos» no solo impacta en el índice de homicidios, sino que paraliza la dinámica socioeconómica de regiones enteras, consolidándose como el principal reto de seguridad en el pacífico mexicano.
