Por Juan Pablo Ojeda
La utilización del Índice de Paz México 2026 por parte del Poder Ejecutivo Federal para fundamentar el éxito de las políticas de seguridad del Estado omitió los indicadores de debilidad institucional y pasivos financieros que detalla el informe. La auditoría independiente del Instituto para la Economía y la Paz expone que el gasto destinado a contener los efectos de la criminalidad absorbe cuatro billones de pesos de la economía nacional. La asignación presupuestal para el sistema de justicia penal se mantiene estancada, promediando una séptima parte del estándar internacional de juzgadores.
El escrutinio del documento revela que la retórica oficial seleccionó los descensos en homicidios dolosos para eludir la discusión sobre el incremento sostenido en las partidas de delitos de género. El presupuesto público ejercido en prevención social no ha contenido la tendencia al alza en los delitos sexuales, los cuales registran un crecimiento del 176% en la última década. El diseño de las políticas públicas federales muestra una desproporción entre el gasto militar de despliegue y la inversión en ministerios públicos locales y capacidades de investigación civil.
La evaluación del sistema penitenciario evidencia que la política criminal basada en la prisión preventiva oficiosa incrementó la población reclusa en 20,000 unidades durante el último año, sin una ampliación presupuestal correspondiente en la infraestructura de custodia. El hacinamiento de 256,000 personas en los centros federales y locales genera un costo de mantenimiento diario que presiona las finanzas de las entidades federativas. Este esquema de saturación punitiva opera sin que se traduzca en una reducción proporcional de la impunidad en delitos patrimoniales.
En el plano de la fiscalización territorial, el deterioro financiero de estados como Guerrero y Morelos se agudizó debido a que deben destinar más del 33% de sus capacidades económicas internas a mitigar los efectos operativos del crimen organizado. El flujo de transferencias federales hacia estos estados no compensa el impacto en las finanzas locales, provocando una reducción en las partidas destinadas a salud, educación y desarrollo de infraestructura urbana básica.
La investigación del IEP asienta que el aparato de justicia mexicano adolece de una limitación crítica al contar con solo dos jueces por cada 100,000 habitantes. El rezago procesal derivado de esta falta de personal técnico neutraliza los avances logrados por las detenciones de las agencias de inteligencia policial, propiciando el estancamiento de las carpetas de investigación. Esta deficiencia estructural explica por qué el 75.6% de la población mantiene una percepción de vulnerabilidad en sus comunidades de residencia.
Los indicadores de afectación comercial incluidos en el reporte documentan que los disturbios subsecuentes al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes el 22 de febrero provocaron una caída del 6.5% en las ventas al menudeo en las regiones afectadas. Las pérdidas económicas del sector privado por la quema de vehículos y bloqueos carreteros en 19 estados no fueron cuantificadas en los informes de daños presentados por el gabinete de seguridad en las semanas posteriores al operativo militar en Jalisco.
La omisión de estos factores en la presentación ejecutiva del Palacio Nacional evidencia un manejo selectivo de los datos de auditoría externa con fines de legitimación política. El diagnóstico del Instituto para la Economía y la Paz concluye que la pacificación del país no puede consolidarse de manera sostenible mediante la reducción focalizada de homicidios si se mantienen las deficiencias presupuestales en los tribunales y los máximos históricos en la violencia intrafamiliar.
