Un fallo judicial en Chihuahua desató una ola de críticas e indignación entre actores políticos y sociales, luego de que se frenara una resolución federal que ordenaba garantizar un pago de subsistencia a una mujer de 96 años, considerada en condición de vulnerabilidad.
El caso involucra a Evangelina López Guzmán, quien reclama una compensación económica por parte de su esposo, el empresario Miguel Zaragoza Fuentes, fundador de la compañía Zeta Gas. De acuerdo con los antecedentes, la pareja compartió décadas de vida en común y formó una familia con 11 hijos, además de estar vinculada al desarrollo del negocio.
Previamente, el juez federal Alfredo Montes de Oca, con sede en Toluca, había ordenado al empresario el pago de 100 millones de pesos mensuales durante seis meses como medida de subsistencia y compensación patrimonial. Sin embargo, esta resolución fue detenida por la jueza Perla Patricia Royval Guerrero, titular del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, quien emitió un fallo favorable al empresario.
La decisión provocó reacciones inmediatas. El senador Manuel Añorve, coordinador del PRI en la Cámara Alta, solicitó al Tribunal de Disciplina Judicial de Chihuahua, encabezado por el magistrado Francisco Javier Acosta Molina, que investigue la actuación de la jueza. El legislador subrayó que el comportamiento de los juzgadores debe estar libre de sospechas y conflictos de interés.
Diversos sectores han señalado que la resolución podría contravenir criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales reconocen a los adultos mayores como un grupo vulnerable que requiere protección especial. Estas directrices obligan a los jueces a actuar con perspectiva de vulnerabilidad, garantizando derechos fundamentales como la salud, la familia y una vida digna.
El caso también tiene implicaciones internacionales. Un tribunal de divorcio en Texas, Estados Unidos, ya se había pronunciado a favor de Evangelina López Guzmán, ordenando al empresario cederle parte de su patrimonio. No obstante, tras múltiples apelaciones y procesos legales que han llegado incluso a instancias superiores en México, la resolución aún no se ha cumplido.
La controversia se da en un contexto de cambios recientes en el Poder Judicial, lo que ha intensificado el debate sobre la actuación de jueces y magistrados. Para distintos actores, este caso pone en evidencia los desafíos en la impartición de justicia, especialmente cuando se trata de proteger a personas en situación de vulnerabilidad.
