A poco más de un año de la Copa Mundial de la FIFA 2026, las obras de infraestructura en la capital del país han detonado una ola de inconformidad entre habitantes, comerciantes y usuarios del transporte público, quienes denuncian afectaciones severas en movilidad, economía local y calidad de vida, particularmente en zonas aledañas a Estadio Azteca y corredores estratégicos como Calzada de Tlalpan.
Desde inicios de 2025, los trabajos de rehabilitación y adecuación urbana impulsados por el Gobierno de la Ciudad de México han generado cierres viales intermitentes, reducción de carriles y desvíos sin previo aviso. De acuerdo con reportes de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi), estas intervenciones buscan mejorar la conectividad hacia las sedes mundialistas; sin embargo, usuarios reportan que los tiempos de traslado se han duplicado en horas pico.
Uno de los puntos más críticos se ha registrado en Calzada de Tlalpan, donde cierres repentinos —como el ocurrido el 23 de marzo de 2026— provocaron congestionamientos de hasta 10 kilómetros. Datos del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana indican que estas afectaciones han impactado tanto a automovilistas como a rutas de transporte concesionado, agravando la saturación vial en el sur de la ciudad.
En el sistema operado por el Sistema de Transporte Colectivo Metro, particularmente en la Línea 2, usuarios han denunciado retrasos constantes, presencia de polvo, escombros y condiciones de riesgo en estaciones intervenidas. Incidentes como el registrado en San Juan de Letrán han encendido alertas sobre la seguridad en zonas donde coinciden obras y operación cotidiana. El Metro transporta diariamente a más de 3 millones de personas, según cifras oficiales del propio organismo.
El impacto económico también ha sido significativo. Comerciantes establecidos y ambulantes en colonias cercanas a las obras reportan caídas de hasta 40% en sus ventas, atribuibles a la disminución del flujo peatonal y a la dificultad de acceso. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México ha señalado que, sin medidas de mitigación, los pequeños negocios podrían enfrentar cierres definitivos.
En zonas como Benito Juárez y Tlalpan, locatarios han expresado preocupación por posibles desalojos derivados de la reconfiguración urbana. Además, denuncian afectaciones estructurales en viviendas y locales, derivadas de vibraciones constantes y trabajos de excavación. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México ha recibido reportes ciudadanos relacionados con ruido excesivo, emisiones de polvo y daños a inmuebles.
Especialistas en urbanismo y movilidad han cuestionado la estrategia de ejecución acelerada de las obras. Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México advierten que priorizar la imagen internacional sin atender rezagos estructurales —como drenaje, mantenimiento integral y planeación participativa— podría limitar los beneficios a largo plazo y dejar infraestructura subutilizada tras el evento.
Aunque autoridades capitalinas han reiterado que los proyectos buscan dejar un legado urbano duradero, la percepción ciudadana apunta a intervenciones “cosméticas” con altos costos sociales inmediatos. La falta de información oportuna y de esquemas de compensación para sectores afectados se mantiene como uno de los principales focos de inconformidad.
A medida que avanzan los preparativos rumbo a 2026, el desafío para el gobierno local será equilibrar los compromisos internacionales con las necesidades cotidianas de millones de capitalinos, en un contexto donde la movilidad, la economía barrial y la calidad de vida ya muestran signos de presión.
