El feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, joven de 21 años desaparecida y localizada sin vida en abril de 2026 en la Ciudad de México, exhibió graves omisiones en la actuación de las autoridades capitalinas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) reconoció un retraso de al menos 15 horas para iniciar diligencias de búsqueda, pese a que la familia aportó información precisa desde el primer momento.
De acuerdo con la propia Fiscalía, encabezada por Bertha Alcalde Luján, la demora en la activación de protocolos de localización resultó “injustificable”, lo que derivó en una revisión interna y en el inicio de investigaciones administrativas contra servidores públicos involucrados en la atención inicial del caso.
La cronología revela que Edith salió el 15 de abril de su domicilio en la colonia Magdalena Atlazolpa, alcaldía Iztapalapa, con destino a una supuesta entrevista de trabajo en el edificio Torre Murano, ubicado en Avenida Revolución 829, en la alcaldía Benito Juárez. Cámaras de videovigilancia registraron su ingreso al inmueble esa misma tarde.
Horas después, durante la madrugada del 16 de abril, sus familiares acudieron a denunciar su desaparición ante autoridades ministeriales, proporcionando datos clave sobre su paradero. Sin embargo, la inspección del inmueble no se realizó sino hasta el 17 de abril, cuando finalmente fue localizado su cuerpo en el sótano del edificio, con visibles signos de violencia.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó la detención de Juan Jesús “N”, vigilante del inmueble, como principal sospechoso. Según las autoridades, existen indicios biológicos y registros de video que lo vinculan con el crimen, el cual se investiga bajo el protocolo de feminicidio, además de una posible red de encubrimiento dentro del lugar.
En paralelo, la Fiscalía confirmó la separación de sus cargos de tres servidores públicos —un agente del Ministerio Público y dos elementos policiales— por presuntas omisiones y actos de corrupción. Entre las acusaciones destaca la solicitud de dinero a la familia para agilizar la búsqueda, lo que ya es investigado por la Unidad de Asuntos Internos.
El caso ha generado una fuerte reacción social y de colectivos feministas, que señalan la persistencia de fallas estructurales en la atención de desapariciones de mujeres en la capital. La familia de la víctima denunció que tuvo que recabar pruebas por cuenta propia ante la inacción inicial de las autoridades, lo que evidenció debilidades en los protocolos institucionales.
En respuesta, la Fiscalía capitalina aseguró que se sancionará a los responsables de las irregularidades y se realizará una reconstrucción detallada de los hechos. No obstante, el caso de Edith Guadalupe se suma a una serie de cuestionamientos sobre la eficacia de los mecanismos de búsqueda inmediata y la actuación con perspectiva de género en la procuración de justicia en la Ciudad de México.
