El cierre de la iglesia cristiana “El Remanente”, ubicada en la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México, ocurre en medio de la creciente presión social y mediática por su presunta vinculación indirecta con el feminicidio de Ana Febe Rojas, pedagoga de 28 años, cuyo caso ha generado cuestionamientos sobre posibles omisiones institucionales y redes de encubrimiento.
La joven fue encontrada sin vida el pasado 24 de marzo en el baño de su domicilio, también en Cuajimalpa, con signos de violencia. Desde entonces, familiares han señalado como principal sospechoso a su esposo, Christian Felipe “N”, a quien previamente la víctima había acusado de ejercer violencia intrafamiliar, aislamiento y control coercitivo, de acuerdo con testimonios difundidos públicamente.
Según versiones de la familia, Ana Febe —egresada de la FES Acatlán de la UNAM— expresó temor por su seguridad y posibles represalias si su entorno intervenía en su relación. Estos antecedentes han sido clave para que familiares y colectivos exijan que el caso sea investigado como feminicidio con perspectiva de género, conforme a los protocolos establecidos por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
No obstante, los deudos han denunciado irregularidades en la investigación inicial, incluyendo presuntas fallas en la cadena de custodia y la clasificación preliminar del caso como homicidio, lo que, aseguran, pudo haber retrasado la correcta aplicación de los lineamientos para casos de violencia feminicida. En este contexto, han solicitado la intervención de instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para supervisar el proceso.
La iglesia “El Remanente” ha sido señalada como un elemento relevante en la narrativa del caso. De acuerdo con versiones difundidas en medios y redes sociales, el esposo de la víctima formaba parte activa de la congregación, y algunos de sus integrantes habrían intervenido en momentos posteriores a la muerte, lo que ha despertado sospechas sobre una posible alteración de los hechos o encubrimiento.
En declaraciones públicas, la hermana de Ana Febe responsabilizó no solo al presunto agresor, sino también a su familia, a miembros de la congregación religiosa e incluso a un servidor público, a quien acusa de obstaculizar el acceso a la justicia. Estas acusaciones, aunque no han sido confirmadas oficialmente, han intensificado la exigencia de una investigación exhaustiva y transparente.
En días recientes, usuarios en redes sociales reportaron el cierre de las instalaciones de “El Remanente” en Avenida México 465, en la colonia Manzanastitla, hecho que ha sido interpretado como una respuesta a la presión social derivada del caso. Hasta el momento, no existe un posicionamiento oficial por parte de la congregación ni de autoridades locales que confirme las causas del cierre.
El caso de Ana Febe se suma a un contexto nacional marcado por altos índices de violencia de género. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los feminicidios continúan siendo un problema estructural en el país, lo que ha llevado a organismos y colectivos a insistir en la necesidad de fortalecer las investigaciones con enfoque de género y garantizar el acceso efectivo a la justicia.
Mientras las indagatorias continúan, la familia de la víctima mantiene su exigencia de que el caso no quede impune ni se archive, en medio de un entorno de desconfianza hacia las autoridades y de demandas sociales cada vez más visibles frente a la violencia contra las mujeres en México.
