Por Juan Pablo Ojeda
El Primer Tribunal Colegiado de Apelación con sede en el Estado de México confirmó por unanimidad de votos la sentencia absolutoria en favor de Israel Vallarta Cisneros, ratificando su libertad definitiva. La resolución judicial, emitida este 18 de junio, desestima el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la República (FGR) y concluye que no existen elementos probatorios suficientes en el expediente para acreditar la responsabilidad penal del acusado en el delito de secuestro.
La determinación de los magistrados federales valida el fallo de primera instancia que permitió a Vallarta Cisneros egresar del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, «El Altiplano», el 1 de agosto de 2025. Al momento de su liberación inicial, el procesado sumaba 19 años y ocho meses en reclusión bajo la figura de prisión preventiva, sin que se hubiera dictado una sentencia en el juzgado de origen que definiera su situación jurídica.
La fiscalía federal centró sus agravios en que la naturaleza grave del delito de secuestro impedía dejar sin sanción penal el expediente, argumentando un principio de indefensión para las víctimas de la denominada banda «Los Zodiaco». Sin embargo, el órgano colegiado resolvió que las inconsistencias de origen en la obtención de las pruebas impiden sostener una acusación formal válida bajo los estándares del sistema penal acusatorio.
El expediente de Vallarta Cisneros inició formalmente en diciembre de 2005, cuando fue detenido por agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) junto a su entonces pareja sentimental, la ciudadana francesa Florence Cassez. El operativo fue transmitido por televisión abierta en tiempo real como una captura en flagrancia dentro de un rancho ubicado en los límites de la Ciudad de México, lo que posteriormente se documentó como una simulación planificada.
Los registros procesales demuestran que las detenciones reales ocurrieron con 24 de horas de antelación respecto a la transmisión televisiva, lo que configuró una violación sistemática al debido proceso y a la presunción de inocencia. Mientras que Florence Cassez obtuvo su libertad en el año 2013 mediante un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por violaciones graves a sus derechos constitucionales, Vallarta continuó recluido en prisiones federales de máxima seguridad.
La carga probatoria contra la estructura de la acusación se debilitó de manera definitiva tras la apertura de carpetas de investigación por tortura en contra de los mandos policiales que coordinaron el arresto. En 2021, la judicatura federal ordenó la captura de Luis Cárdenas Palomino, exalto mando de la Policía Federal y colaborador directo de Genaro García Luna, por su presunta responsabilidad en la coacción física de los implicados en este caso.
Con el fallo unánime del Tribunal de Apelación, la causa penal queda formalmente concluida en la vía ordinaria del Poder Judicial de la Federación, cerrando el litigio más prolongado en la historia reciente del sistema penitenciario mexicano sin sentencia de culpabilidad. El procesado, quien al recuperar la libertad en agosto de 2025 atribuyó su subsistencia a la expectativa de justicia, queda absuelto de los cargos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad.
