Por Juan Pablo Ojeda
La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó con una votación de seis sufragios a favor y uno en contra dar continuidad al procedimiento de juicio político en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda. La resolución legislativa valida formalmente la indagatoria en torno a un presunto esquema de triangulación financiera que asciende a cerca de mil millones de pesos provenientes del erario estatal, redirigidos presuntamente hacia entidades privadas.
El dictamen aprobado establece un término perentorio de 15 días hábiles para que el titular del Ejecutivo estatal comparezca ante la soberanía local para rendir su declaración formal. El marco estatutario de Nuevo León faculta al mandatario a ejercer su derecho de audiencia de manera presencial, mediante la entrega de un informe escrito o delegando la diligencia en un representante legal acreditado.
El expediente técnico se fundamenta en la denuncia promovida el pasado 8 de junio de 2026 por la dirigencia del partido Morena en la entidad. Los registros documentales presentados ante la Oficialía de Partes indican que el capital público en disputa se transfirió originalmente desde diversas secretarías y organismos descentralizados de la administración pública del estado hacia un padrón específico de empresas proveedoras.
Los flujos financieros bajo fiscalización señalan que los recursos transitaron por una red de intermediarios mercantiles hasta concentrarse en las cuentas de la firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C. Este despacho privado se encuentra plenamente identificado en las actas del Registro Público de la Propiedad como una entidad económica donde el padre del gobernador mantiene una participación accionaria directa en calidad de socio.
El análisis contable integrado a la carpeta de investigación local detalla la existencia de al menos cuatro rutas de transferencia internacional. Los peritajes financieros preliminares indican que una fracción significativa del capital dispersado fue direccionada hacia instituciones bancarias ubicadas en los Estados Unidos, una maniobra que la parte acusadora califica como un intento para fragmentar el rastreo de los saldos brutos.
La sesión extraordinaria de la Comisión Anticorrupción evidenció una asistencia parcial de los integrantes de la legislatura, registrando el quórum mínimo mediante el bloque integrado por diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN). El procesamiento del dictamen avanzó de forma paralela a las auditorías especiales ordinarias que realiza la Auditoría Superior del Estado sobre el ejercicio fiscal en curso.
Esta determinación legislativa se suscribe en un escenario de parálisis administrativa recurrente en el estado, donde la aprobación de las partidas presupuestales de los últimos periodos ha sido motivo de litigio constitucional. El inicio del juicio de responsabilidad política representa el primer procedimiento de esta índole que alcanza la fase de desahogo de pruebas contra un gobernador en funciones en la historia moderna de Nuevo León.
