*La ex presidenta municipal negó cualquier nexo con grupos delictivos y afirmó que fue víctima de amenazas y agresiones durante su gestión. Los señalamientos ocurren en medio de la crisis política y de seguridad abierta en Oaxaca tras el caso Juchitán.
PUEBLA, Pue.— Guadalupe Lucero Bárcenas, ex presidenta municipal de Acatlán de Osorio, rechazó los señalamientos del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, quien la acusó públicamente de haber estado coludida con la delincuencia organizada en la zona limítrofe entre Puebla y Oaxaca. Proceso
En un posicionamiento público, Bárcenas negó categóricamente cualquier relación con organizaciones o células delictivas y apeló a su derecho de réplica y a la presunción de inocencia. “Niego rotundamente tener o haber tenido nexo alguno con delincuencia organizada o célula delictiva”, sostuvo.
Jara afirmó que su administración había advertido previamente al Gobierno de Puebla sobre la presunta relación de una autoridad municipal con grupos criminales e identificó directamente a Bárcenas. Asimismo, relacionó sus señalamientos con asaltos, extorsiones y robos que afectaban a comerciantes y transportistas sobre la carretera federal 190 y sostuvo que esos delitos disminuyeron después de la salida de la exalcaldesa.
Al formular esas declaraciones, el mandatario no hizo pública una carpeta de investigación, resolución judicial o elemento ministerial específico que acreditara individualmente la imputación contra Bárcenas.
Igualmente, la exfuncionaria rechazó que una eventual disminución delictiva pudiera atribuirse a su salida del Ayuntamiento. Según expuso, durante su administración la seguridad pública municipal estuvo bajo responsabilidad del Gobierno de Puebla y de la Secretaría de Marina.
Bárcenas sostuvo que su relación con los grupos criminales fue en sentido contrario al planteado por Jara. “El crimen organizado no operó conmigo, sino en mi contra”, afirmó. Aseguró haber recibido amenazas de muerte, enfrentar presiones dentro del Cabildo y ser víctima de un ataque con un artefacto explosivo en su domicilio.
Puebla mantiene investigaciones abiertas
El coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra, informó que permanecen abiertas investigaciones relacionadas con servidores públicos y representantes que formaron parte del Ayuntamiento de Acatlán de Osorio.
Explicó que las mesas de inteligencia habían detectado indicios de que un grupo delictivo buscaba avanzar en el municipio y ocupar espacios dentro de la estructura del Ayuntamiento. Las indagatorias continúan y corresponderá a las autoridades determinar, en su caso, responsabilidades individuales. La existencia de investigaciones o indicios no constituye por sí misma una determinación de responsabilidad penal.
Bárcenas dejó la presidencia municipal en septiembre, tras presentar su renuncia junto con integrantes del Cabildo. Posteriormente se avanzó en la instalación de un Concejo Municipal para asumir las funciones del Ayuntamiento.
El caso Juchitán y los cuestionamientos al gobierno de Oaxaca
La confrontación se produce días después de que la detención del entonces presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, suscitara una crisis política en Oaxaca.
Tras su captura por acusaciones relacionadas con extorsión y delitos contra la seguridad del Estado, el gobernador Jara solicitó al Congreso local la desaparición de poderes en el Ayuntamiento de Juchitán. El Congreso aprobó la medida por unanimidad y posteriormente fue designado un comisionado municipal.
Las investigaciones han colocado bajo escrutinio los presuntos vínculos entre estructuras delictivas y autoridades municipales en el Istmo de Tehuantepec. La vinculación a proceso de Sánchez Altamirano no equivale a una sentencia condenatoria y el procedimiento penal continúa.
En ese contexto, las críticas al gobierno de Salomón Jara también escalaron al ámbito federal. Legisladores del Partido del Trabajo enviaron al Senado de la República una solicitud para que examine hechos que, de acuerdo con su planteamiento, podrían configurar una eventual desaparición de los poderes constitucionales en Oaxaca.
La petición fue presentada por los diputados federales Maribel Martínez Ruiz y José Alejandro López Sánchez, acompañados por el dirigente del PT en Oaxaca Benjamín Robles Montoya y el legislador local Dante Montaño. Durante la conferencia expusieron señalamientos relacionados con la situación política, municipal y social de la entidad y solicitaron que sean analizados por las instancias correspondientes.
La presentación de la solicitud no implica que el Senado haya determinado la desaparición de poderes en Oaxaca; abre, en su caso, la posibilidad de que la Cámara alta analice si existen elementos jurídicos para iniciar ese procedimiento.
Los episodios de Juchitán, los cuestionamientos formulados desde el PT y las declaraciones de Jara contra Bárcenas colocan así en planos distintos investigaciones penales, señalamientos políticos y responsabilidades aún por determinar.
En el caso de Acatlán de Osorio, las acusaciones del gobernador de Oaxaca, la negativa de Bárcenas y las investigaciones reportadas por el Gobierno de Puebla deberán sostenerse, en última instancia, en las investigaciones ministeriales y las resoluciones que adopten las autoridades competentes.