El diputado del Movimiento de Regeneración Nacional, Homero Barrera, demandó en la tribuna del Congreso de Querétaro que el Partido Acción Nacional rompa el pacto de impunidad y opacidad que mantiene blindadas las instituciones estatales frente al escrutinio ciudadano. La exigencia se produjo tras la interrupción repentina de las comparecencias de los secretarios de Gobierno y de Seguridad Ciudadana, maniobra que evitó el interrogatorio de los legisladores sobre la actuación de dichas carteras.
La parálisis legislativa se consumó luego de que la mesa directiva ordenó restringir el acceso a la sede parlamentaria, bloqueando la entrada a Santiago Nieto Castillo, quien acudió con invitación formal de las bancadas de Morena y el Partido Verde. Al detectarse la presencia del exfuncionario federal e investigador anticorrupción en el edificio, los coordinadores del oficialismo decidieron dar por terminada la sesión antes de que iniciaran las rondas de debate crítico.
Desde la tribuna más alta de la entidad, Barrera acusó que el Poder Legislativo fue convertido en un coto privado operado para proteger a funcionarios públicos de señalamientos por presunta colusión y mal manejo del erario. En su intervención, el legislador sentenció que las instalaciones no son propiedad del partido en el poder ni pueden emplearse para eludir auditorías legales o cuestionamientos técnicos.
El freno a la glosa del informe de gobierno impidió que los secretarios de despacho rindieran cuentas sobre el ejercicio presupuestal destinado a la seguridad estatal y los contratos públicos asociados a infraestructura de vigilancia. La oposición denunció que la clausura intempestiva de los trabajos constitucionales representa una transgresión directa a las normas de rendición de cuentas que rigen al servicio público queretano.
Frente a la negativa de acceso, Nieto Castillo confirmó que interpondrá demandas de juicio de amparo ante juzgados federales para impugnar los protocolos discrecionales aplicados por la administración del Congreso local. Los recursos legales buscan sentar un precedente sobre la ilegalidad de imponer retenes fácticos que discriminen el ingreso a recintos públicos a partir de identidades partidistas.
Barrera subrayó ante el pleno que la negativa a permitir el ingreso de figuras opositoras a las comparecencias gubernamentales encubre un esquema de complicidades institucionales. Durante su alegato, emplazó a los legisladores del PAN a esclarecer nexos, transparentar auditorías en curso y suspender el uso faccioso de las fuerzas administrativas para acallar las investigaciones sobre asignación de fondos estatales.
El parlamentario advirtió que el grupo oficialista actúa bajo el cálculo de preservar el control de los órganos de control interno y las fiscalías especializadas para garantizar inmunidad en los procesos de cierre de administración. Dicho diseño de control, expuso, limita las atribuciones de los diputados de minoría para requerir información sobre programas públicos y fiscalizar las auditorías al gasto estatal.
La acusación formal presentada en el Congreso incluyó la exigencia de publicar las bitácoras completas de acceso, así como las órdenes administrativas que sustentaron el despliegue del personal de seguridad durante la glosa. La fracción parlamentaria de Morena anunció que auditará las decisiones tomadas por la mesa directiva para deslindar posibles responsabilidades administrativas por la cancelación anticipada del evento de fiscalización.
El emplazamiento concluyó con la advertencia de que la oposición utilizará las vías jurídicas e interpondrá las quejas correspondientes ante los órganos fiscalizadores federales para evitar que se convaliden informes de gobierno sin debate previo. La confrontación expuso las fracturas en los mecanismos de rendición de cuentas de una entidad cuyos entes autónomos enfrentan cuestionamientos continuos por su cercanía con el gobierno en funciones.