El presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, Miguel Sánchez Altamirano, junto con Alberto de la Paz López, alias “La Parca”, fue detenido mediante una orden de aprehensión cumplimentada por delitos de extorsión agravada y atentados contra la seguridad del Estado. El operativo interinstitucional se ejecutó en el marco de las investigaciones federales contra redes de protección institucional en la región del Istmo de Tehuantepec.
Los reportes de inteligencia financiera y ministerial indican que la estructura gubernamental municipal habría sido empleada para desviar recursos y encubrir operaciones de la célula delictiva conocida como “Los Cromos”, brazo operativo vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en territorio oaxaqueño.
La investigación detalla que el edil facilitó el acceso a los sistemas de videovigilancia del Centro de Control y Comando (C2) municipal para monitorear y alertar sobre los despliegues tácticos de las fuerzas federales y estatales de seguridad en la demarcación. Estas acciones permitieron la evasión sistemática de objetivos prioritarios vinculados al narcotráfico y al tráfico de personas.
En el ámbito económico, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) procedió al congelamiento preventivo de cuentas bancarias y activos financieros asociados a los imputados y a personas morales utilizadas como prestanombres para blanquear capitales ilícitos provenientes de extorsiones a comerciantes locales.
El co-imputado Alberto de la Paz López utilizaba un sistema de transporte concesionado de mototaxis para coordinar la distribución de sustancias ilícitas al menudeo, además de fungir como operador financiero en el cobro de cuotas ilegiores a cadenas comerciales y empresarios de la región istmeña.
El operativo de captura estuvo coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con la participación operativa de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR).
Las diligencias ministeriales continúan su curso bajo los plazos constitucionales establecidos para determinar la situación jurídica formal de los detenidos, quienes fueron trasladados bajo estrictos protocolos de seguridad hacia centros de reclusión federales para enfrentar su proceso penal.