El Gobierno Federal activó un paquete de inversión por 20,000 millones de pesos orientado a sanear y fiscalizar las descargas irregulares en los cauces de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula, tras décadas de omisión institucional en el tratamiento de efluentes contaminantes.
La senadora Mariela Gutiérrez Escalante señaló que los problemas de toxicidad en el río Lerma derivan del incumplimiento sistemático de las normas de descarga por parte de complejos industriales, así como del vertido directo de redes sanitarias municipales que carecen de infraestructura de depuración.
El balance financiero presentado detalla que entre los ejercicios 2025 y 2026 se han radicado 2,500 millones de pesos para las primeras etapas de limpieza, desazolve y reactivación de plantas de tratamiento en los estados involucrados. La legisladora contrastó la asignación presupuestal actual con los recursos de administraciones anteriores, afirmando que los fondos no eran destinados a la mitigación ambiental.
El impacto de las descargas sin tratar afecta a 33 municipios del Estado de México ubicados en la cuenca, donde la Conagua detectó desde años atrás índices críticos de contaminación por químicos e hidrocarburos en zonas como Toluca, Lerma e Ixtlahuaca.
El proyecto de saneamiento integral contempla la fiscalización de los efluentes industriales que se vierten al río Lerma, el cual recorre 1,360 kilómetros hasta su desembocadura en el Océano Pacífico, afectando la calidad del agua consumida por más de 21 millones de habitantes en seis entidades.
En el caso del río Tula, la intervención busca atender a 800 mil habitantes de Hidalgo y el Estado de México a lo largo de 191 kilómetros de cauce, mientras que la restauración del río Atoyac abarca 162 kilómetros que impactan a 3.7 millones de personas en Tlaxcala y Puebla.
Los mecanismos de supervisión sobre los 20,000 millones de pesos del programa quedarán a cargo de la Conagua y la Secretaría de Medio Ambiente, dependencias que deberán auditar las obras de infraestructura hídrica y sancionar a las empresas que mantengan vertimientos al margen de la ley.