Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, instruyó formalmente a la Secretaría de Gobernación (Segob) para intervenir en el conflicto territorial y social que se registra en playa Las Cocinas, ubicada en Punta de Mita, Nayarit. La determinación del Ejecutivo Federal responde a las manifestaciones de habitantes y activistas de Bahía de Banderas, quienes exigen que la empresa desarrolladora Cantiles de Mita respete la delimitación legal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFAMAT).
Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes 19 de junio en Palacio Nacional, la mandataria federal detalló que la instrucción fue turnada directamente a la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez Velázquez. El mandato presidencial contempla la elaboración de una tarjeta informativa detallada sobre el estado que guardan los permisos de construcción y la situación jurídica del desarrollo inmobiliario en dicha zona costera del Pacífico mexicano.
La intervención del gobierno de la República ocurre luego de que comunidades locales detectaran el ingreso de maquinaria pesada en la franja de protección federal. Los inconformes señalan que el proyecto condominal promovido por la filial de Grupo Dine violenta la franja obligatoria de 20 metros que, por mandato constitucional, debe permanecer libre de infraestructura privada y destinada exclusivamente al uso público.
El marco normativo que rige el caso se encuentra fundamentado en la Ley General de Bienes Nacionales, la cual determina que la ZOFAMAT es un bien de dominio público de la Federación e inapropiable por particulares. La legislación federal prohíbe explícitamente cualquier edificación fija o restricción de tránsito dentro de los 20 metros transitables contiguos al límite de la pleamar máxima en las costas del territorio nacional.
Sheinbaum Pardo argumentó que el diferendo escaló de un asunto estrictamente ambiental a un problema de gobernabilidad social debido a la recurrencia de las movilizaciones ciudadanas. El objetivo de la Segob consistirá en mediar entre la empresa constructora y las uniones de pobladores para garantizar que no se consume la privatización de facto de la última ventana al mar sin intervención urbana en la península.
La problemática de Punta de Mita forma parte de un padrón de litigios por accesos playeros en el estado de Nayarit, donde los desarrollos turísticos de alta plusvalía han reducido el espacio público de las comunidades pesqueras originarias. La recopilación de datos técnicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) será integrada al expediente que coordina la Secretaría de Gobernación para deslindar responsabilidades.
Los tribunales federales y las delegaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) mantienen expedientes abiertos respecto a las autorizaciones de impacto ambiental otorgadas en administraciones pasadas en Bahía de Banderas. La resolución del caso Las Cocinas sentará un precedente operativo para la fiscalización de concesiones de playa frente a las presiones del capital inmobiliario extranjero y nacional.
