La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desembolsó al menos 588 mil pesos para realizar la primera y, hasta ahora, única sesión itinerante de su historia, celebrada el 26 de febrero en la comunidad de La Candelaria, Chiapas.
De acuerdo con una revisión de gastos realizada por el medio Latinus, los recursos se utilizaron para cubrir traslados, viáticos y logística de 72 funcionarios que viajaron desde la Ciudad de México hasta Tuxtla Gutiérrez, con el objetivo de participar en una sesión del pleno que incluyó la votación de un proyecto previamente discutido y acordado en la sede central del máximo tribunal.
Más de 70 funcionarios fueron trasladados a Chiapas
Los registros analizados indican que la Corte financió el transporte y hospedaje de decenas de servidores públicos para la realización del evento.
Además, se destinaron más de 70 mil pesos para cubrir gastos de siete personas encargadas de recibir a los ministros y realizar preparativos previos a la sesión.
Entre las áreas que reportaron desembolsos se encuentran las ponencias de las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel Mossa —a través de integrantes de su equipo—, Loretta Ortiz Ahlf, así como la del ministro Sergio Javier Molina Martínez Guerrero García, cuyos equipos acumularon gastos por alrededor de 93 mil pesos, según la información difundida.
La entonces ministra María Estela Ríos González no participó en la sesión, mientras que los ministros Giovani Azael Figueroa Mejía e Irving Espinosa Betanzo se conectaron de manera remota.
Plural TV concentró el mayor gasto operativo
La dirección que movilizó el mayor número de trabajadores fue Plural TV, el canal de televisión del Poder Judicial de la Federación.
Para transmitir la sesión fuera de la sede habitual en la Ciudad de México, se trasladó a 17 funcionarios, lo que representó un gasto aproximado de 146 mil pesos.
La sesión fue presentada por la SCJN como un ejercicio para acercar la justicia constitucional a comunidades alejadas de la capital del país y promover una mayor cercanía con la ciudadanía.
Persisten dudas sobre contratos y gastos
Uno de los puntos señalados en la investigación se relaciona con la falta de información pública sobre diversos contratos utilizados para la organización del evento.
De acuerdo con la solicitud de transparencia realizada por Latinus, la SCJN fue consultada sobre los contratos relacionados con la renta de sillas, templete, pantallas y equipo de sonido utilizados durante la sesión itinerante.
La respuesta de la Unidad de Transparencia indicó que «no fue posible identificar esos documentos«. Además, varios meses después de la realización del evento, dichos contratos no aparecían publicados en los portales institucionales consultados.
Gastos de ministros permanecen reservados
La investigación también señala que no fue posible conocer con precisión cuánto gastaron los ministros que acudieron a Chiapas.
Según la respuesta oficial, las facturas, comprobantes y recibos relacionados con esos gastos fueron clasificados y reservados bajo argumentos vinculados a seguridad nacional, lo que impide acceder al detalle de los recursos públicos utilizados para su traslado y estancia.
La sesión itinerante de la SCJN marcó un precedente al celebrarse fuera de la sede habitual del máximo tribunal. Sin embargo, los costos asociados al evento y la falta de acceso a parte de la documentación han generado cuestionamientos sobre la transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos.
