Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, deslindó este viernes al Poder Ejecutivo de las presuntas carpetas de investigación que pesan sobre el gobernador de Durango, Esteban Villegas, y el de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda. Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal aclaró que las indagatorias pertenecen al ámbito exclusivo de la Fiscalía General de la República (FGR), institución autónoma que deberá responder por los avances procesales de cada caso. La jefa del Ejecutivo precisó que, hasta el momento, los temas no han sido ventilados ni validados en los reportes del Gabinete de Seguridad Nacional.
La postura presidencial surge tras la difusión de informes periodísticos que vinculan al priista Esteban Villegas con una presunta red de protección institucional dirigida a la facción de Ismael «El Mayo» Zambada en el estado de Durango. Paralelamente, se mantiene bajo escrutinio un depósito financiero de 15 millones 59 mil 957 pesos realizado por una empresa de combustibles vinculada al huachicol fiscal hacia el despacho jurídico de la familia del gobernador de Nuevo León, Samuel García. Ante ambos escenarios, Sheinbaum Pardo enfatizó que su administración no cuenta con datos duros formalizados sobre dichas conductas.
Las métricas del flujo de inteligencia federal señalan un presunto patrón de inacción en los mandos policiales de Durango, lo cual coincide con el desplazamiento de objetivos prioritarios como Ismael Zambada Sicairos, alias «Mayito Flaco», hacia territorio duranguense tras las fricciones armadas en Culiacán, Sinaloa. Informes de analistas de seguridad indican que los operativos coordinados por las Fuerzas Armadas registraron retrasos tácticos y filtraciones de información en la entidad. Esta falta de cooperación contrasta con los indicadores de rendimiento de otras administraciones estatales en el combate a la delincuencia organizada.
En el caso de Nuevo León, el factor de riesgo macroeconómico se centra en el mercado ilícito de hidrocarburos, específicamente bajo la modalidad de huachicol fiscal. La detención del empresario Jesús Ricardo Puente, operador de la red denominada «Los Petrofactureros», puso al descubierto un entramado de 40 empresas que simulaban operaciones financieras en el sector energético. Los registros contables de la FGR detallan que la empresa Maquiladora de Lubricantes transfirió la millonaria suma al despacho GMA Firma Jurídica Fiscal, propiedad del padre de Samuel García, entre noviembre de 2021 y marzo de 2022.
La diplomacia estadounidense introdujo una variable de presión jurídica en el caso de Durango, luego de que dependencias del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la DEA solicitaran al gobierno mexicano el intercambio de fichas técnicas sobre Villegas. De acuerdo con fuentes policiales, la cooperación bilateral con las agencias norteamericanas se ha mantenido abierta respecto al mandatario de Durango, a diferencia del manejo hermético observado en las indagatorias relacionadas con el morenista Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa.
El impacto presupuestario y de recaudación por concepto de combustibles robados en el norte del país obligó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a colaborar con la FGR en la auditoría de las firmas ligadas a Puente. Las autoridades fiscales detectaron que las empresas fachada no solo evadían el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), sino que utilizaban la estructura logística de transporte legal para blanquear activos provenientes del contrabando de energéticos en la frontera con Texas.
Las carpetas de investigación se mantienen radicadas en las fiscalías especializadas de la FGR, a la espera de que se cumplimenten los trámites correspondientes para determinar si existen elementos suficientes para proceder al desafuero de los mandatarios estatales. La presidencia reiteró que las fuerzas federales mantendrán los despliegues operativos ordinarios en ambas entidades federativas, independientemente del curso que tomen los litigios penales en los tribunales federales o en las instancias de justicia del país vecino.
