Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó este martes durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional que el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) estuvo coludido institucionalmente con el Cártel de Sinaloa. La mandataria federal sostuvo que existen elementos probatorios suficientes para demostrar que la estrategia de seguridad pública de dicha administración no constituyó un combate generalizado contra el narcotráfico, sino una alianza selectiva dirigida a favorecer a una organización delictiva en detrimento de sus competidores territoriales.
La jefa del Ejecutivo fundamentó sus acusaciones en el historial procesal de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal, quien permanece bajo reclusión en los Estados Unidos. Según los datos expuestos, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene vigentes diversas carpetas de investigación y órdenes de aprehensión contra exfuncionarios de esa estructura que operaron los mecanismos de protección policial que derivaron en el incremento de los índices de homicidios dolosos durante el citado sexenio.
En el plano de las auditorías financieras, Sheinbaum Pardo detalló un esquema de desvío de recursos públicos operado a través de empresas de seguridad privada propiedad de García Luna tras concluir su encargo en 2012. Los informes técnicos recopilados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indican que gobiernos subsecuentes, incluido el de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y diversas administraciones estatales, adjudicaron contratos para la adquisición de sistemas de videovigilancia y equipos tecnológicos con sobreprecios de entre el 300% y el 500% sobre el valor del mercado.
El desglose contable de la UIF refiere que parte del equipo de espionaje y monitoreo facturado por las empresas del exsecretario nunca fue entregado formalmente a los almacenes del Estado, configurando un presunto delito de corrupción y malversación de fondos públicos. Aunque estos elementos financieros fueron excluidos del juicio penal celebrado contra García Luna en la corte del Distrito Este de Nueva York por delitos de narcotráfico, la mandataria aclaró que la documentación integra los expedientes judiciales que sustancia el ministerio público de la federación en México.
Las declaraciones de la presidenta Sheinbaum ocurren en un contexto de tensiones binacionales debido a las investigaciones concurrentes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra funcionarios de alto rango adscritos al partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Los expedientes de las agencias de seguridad norteamericanas señalan de forma directa a una decena de servidores públicos del estado de Sinaloa por presuntos nexos con la facción delictiva conocida comercialmente como «Los Chapitos».
Dentro de esta lista de indagados figura el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, bajo la hipótesis criminal de haber facilitado la operación logística del cartel a cambio de transferencias financieras ilícitas. La presión procesal en las cortes estadounidenses se intensificó tras la entrega voluntaria en la frontera norte del general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública sinaloense, y del exsecretario de Finanzas, Enrique Alfonso Díaz Vega, quienes se acogieron a los beneficios de delación premiada.
El escenario de fiscalización externa hacia el oficialismo mexicano sumó la cancelación de las visas de entrada a los Estados Unidos a los gobernadores morenistas Américo Villarreal, de Tamaulipas, y Alfonso Durazo, de Sonora. A pesar de los desmentidos públicos emitidos por los mandatarios locales, los registros aduanales estadounidenses sugieren que el estatus migratorio de los documentos físicos se encuentra inactivo de manera preventiva, limitando los canales de cooperación institucional ordinaria en la frontera común.
