Por Juan PabloOjeda
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expuso los mecanismos de triangulación de recursos públicos y licitaciones infladas vinculados a las empresas de Genaro García Luna tras su salida de la Secretaría de Seguridad Pública. El informe de rendición de cuentas presentados este martes detalla que el gobierno de Enrique Peña Nieto y diversas administraciones estatales adquirieron sistemas de espionaje a empresas del exfuncionario con sobreprecios de hasta el 500%.
La fiscalización de estos contratos corre a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Fiscalía General de la República, órganos que buscan fincar responsabilidades administrativas por el desvío de fondos destinados a la seguridad pública. Los expedientes demuestran que la red de empresas del exsecretario vendía cámaras e infraestructura tecnológica importada que, en múltiples auditorías físicas, resultó inexistente en los almacenes gubernamentales.
«García Luna sale de secretario de Seguridad Pública del gobierno de Calderón y pone una empresa privada que se dedica a la seguridad», señaló la jefa del Ejecutivo, detallando el origen del entramado corporativo. La investigación financiera arroja que las corporaciones estatales adquirieron estos servicios bajo esquemas de adjudicación directa que evadieron los controles de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Las autoridades mexicanas confirmaron que estas pruebas documentales de corrupción corporativa no formaron parte del juicio por narcotráfico celebrado en Nueva York, pero constituyen la base de los procesos de incautación de bienes en territorio nacional. El rastreo de capitales incluye cuentas bancarias internacionales y propiedades adquiridas por los socios comerciales de García Luna mediante fondos desviados del presupuesto federal de seguridad.
Frente a la estrategia de defensa de los funcionarios implicados, la Presidencia reafirmó que la FGR ha ejecutado detenciones clave vinculadas a esta red de corrupción de cuello blanco. Las auditorías gubernamentales determinaron que los costos asignados a los equipos de monitoreo táctico triplicaban de forma sistemática los precios de lista internacionales, configurando un daño sistemático a las finanzas del Estado mexicano.
El proceso de fiscalización se extiende al análisis de las firmas notariales que validaron la constitución de las comercializadoras de seguridad en el extranjero. Los informes presentados ante la UIF indican que el capital desviado regresaba al circuito financiero nacional a través de empresas fachada, un mecanismo de lavado de dinero que la actual administración busca desarticular mediante convenios de asistencia jurídica mutua.
La revisión del histórico de contratos confirma que las prácticas de sobrefacturación en el área de seguridad pública se normalizaron durante los doce años posteriores al inicio de la estrategia armada de 2006. Las comisiones de presupuesto de la Cámara de Diputados coordinan con la Auditoría Superior de la Federación la integración de estos datos para establecer mecanismos de candado presupuestal en las asignaciones de la Guardia Nacional.
