Por Juan Pablo Ojeda
El Partido Acción Nacional (PAN) formalizó una denuncia penal internacional contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador ante la Corte Penal Internacional (CPI), imputándole la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad. La acción del partido opositor representa un intento de sujeción al estatuto de Roma, bajo el argumento de que la política de seguridad implementada el sexenio pasado constituyó una omisión sistemática del deber de protección del Estado Mexicano.
La documentación entregada por el blanquiazul fundamenta la solicitud de investigación en la acumulación de más de 200,000 homicidios y 150,000 casos de desaparición forzada registrados durante la administración anterior. La narrativa legal del PAN sostiene que la persistencia de zonas geográficas bajo control material de organizaciones del narcotráfico configura un escenario de complicidad y aquiescencia por parte de las autoridades de la federación.
En respuesta a la activación del mecanismo internacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo utilizó la tribuna pública para desacreditar la motivación del partido requirente, enmarcando el proceso en un contexto de conveniencia política. La mandataria afirmó que la denuncia carece de sustancia jurídica real y acusó al PAN de utilizar las instituciones globales con el único propósito de distraer la atención de sus propios pasivos en materia de seguridad.
Un factor de presión legal añadido en la denuncia del PAN involucra de forma directa a los gobernadores emanados del partido oficialista Morena en los estados de Sinaloa, Michoacán, Sonora y Tamaulipas. El texto opositor exige indagar las presuntas ligas de estos mandatarios locales con carteles regionales, señalando que la centralización del poder político en México ha inhabilitado las capacidades de las fiscalías locales para indagar de forma independiente.
El choque institucional coincide con un momento de alta fiscalización penal federal sobre gobiernos del propio Partido Acción Nacional, particularmente el caso de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una indagatoria sobre la supuesta presencia no autorizada de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en dicho estado norteño, lo que resta tracción discursiva a la ofensiva del PAN.
La viabilidad del recurso ante la CPI enfrenta criterios de complementariedad jurídica estrictos, ya que el tribunal internacional opera únicamente cuando se demuestra que el Estado nacional no puede o no quiere juzgar los crímenes. La reciente reforma al Poder Judicial de la Federación, señalada por la oposición como un factor de captura política, será el eje central sobre el cual el PAN intentará demostrar el colapso del sistema de justicia interno.
Hasta el momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha recibido una notificación formal de la fiscalía del tribunal internacional respecto al inicio de un examen preliminar sobre el caso mexicano. El Ejecutivo Federal mantiene la premisa de que los niveles de violencia heredados corresponden a dinámicas delictivas ordinarias que no encuadran en los supuestos de ataques generalizados contra la población civil contemplados por el derecho internacional.
