Por Juan Pablo Ojeda
El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ordenó la salida inmediata del territorio nacional de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos. La medida se ejecutó mediante la emisión de una nota diplomática dirigida a la Embajada estadounidense, tras confirmarse la participación operativa no autorizada de los funcionarios extranjeros en el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de drogas en el municipio de Morelos, Chihuahua, el pasado mes de abril.
La determinación bilateral fue confirmada por el Poder Ejecutivo Federal durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, precisando que un total de cuatro agentes de la CIA estuvieron involucrados en las acciones de campo dentro del perímetro estatal. El reporte oficial detalla que dos de los elementos estadounidenses fallecieron previamente en un accidente automovilístico en la zona serrana, mientras que los dos sobrevivientes fueron compelidos a abandonar el país tras el reclamo de la administración mexicana.
Los registros migratorios demuestran que los cuatro oficiales de inteligencia ingresaron legalmente a la República Mexicana portando pasaportes diplomáticos bajo el estatus legal de turistas. No obstante, el gabinete de seguridad nacional constató que el personal estadounidense omitió los canales oficiales de registro y las notificaciones obligatorias para la ejecución de tareas de inteligencia en suelo nacional, violando los acuerdos de coordinación bilateral vigentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que las actividades de agencias extranjeras en México se rigen por un protocolo estricto que exige la aprobación explícita de la cancillería y del Gabinete de Seguridad para otorgar licencias de estadía y operación. En este caso específico, el despliegue técnico se realizó de forma paralela a los canales institucionales, lo que derivó en la apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles delitos contra la seguridad nacional.
El operativo que originó el diferendo diplomático resultó en el aseguramiento de una infraestructura de producción a gran escala en la Sierra Madre Occidental, donde las fuerzas de seguridad contabilizaron más de 55 mil litros de sustancias químicas líquidas. Asimismo, el inventario federal registró el decomiso de 50 toneladas de precursores químicos sólidos y aproximadamente dos mil litros de metanfetamina en proceso de cristalización, activos vinculados a las redes del crimen organizado transnacional.
La controversia operativa escaló tras un percance vial ocurrido de forma posterior al desmantelamiento del complejo delictivo, donde perdieron la vida cuatro personas, incluyendo a los dos funcionarios de la CIA cuya presencia no había sido reportada a los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Este evento obligó al inicio de un proceso de verificación forense y documental para esclarecer la cadena de custodia de la información y la legalidad de los acompañamientos tácticos en el estado gobernado por María Eugenia Campos Galván.
La resolución de expulsión se concretó tras una mesa de diálogo técnico entre los representantes de la Embajada de los Estados Unidos y los funcionarios de la SRE, donde el gobierno norteamericano aceptó el repliegue de su personal sobrante. Los analistas de seguridad estratégica señalan que este incidente obliga a una revisión integral de los mecanismos de intercambio de información bajo el Tratado de Cooperación Mutua, buscando evitar la duplicidad de funciones operativas sin control soberano.
