La sede del Congreso de Michoacán, ubicada en Morelia, fue escenario de una protesta este día. Integrantes del Movimiento del Sombrero, acompañados por la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, se concentraron para manifestar su rechazo a la iniciativa de reforma electoral que actualmente discute el cuerpo legislativo. Durante la jornada, se registró un intento de ingreso forzado al recinto por parte de los inconformes.
El análisis de la propuesta legislativa indica cambios sustanciales en la regulación de las candidaturas independientes. De aprobarse, se prohibiría la asociación entre candidatos, impidiendo la realización de campañas conjuntas o el uso de imágenes distintivas compartidas. Adicionalmente, se impondría la restricción de utilizar emblemas ligados a registros comerciales, afectando la identidad gráfica que diversos grupos políticos han construido previamente.
El diputado Carlos Bautista Tafolla cuestionó públicamente la restricción de acceso al inmueble, argumentando que el Congreso debe mantener sus puertas abiertas a la ciudadanía. La respuesta de los manifestantes se centró en la consigna «Manzo vive» y críticas directas hacia el legislador Conrado [Conrado Paz], bajo acusaciones de buscar un control administrativo sobre el proceso electoral venidero.
La alcaldesa Grecia Quiroz ha sostenido que la reforma tiene una carga dirigida. Según su postura, el incremento en la fiscalización y las restricciones a las candidaturas independientes buscan debilitar la estructura del Movimiento del Sombrero frente a los comicios de 2027. La edil sostiene que estas medidas pretenden fragmentar a los aspirantes, dejándolos «aislados y sin identidad» para enfrentar las urnas.
En un ejercicio de comunicación directa vía transmisión en vivo, la presidenta municipal de Uruapan interpeló a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre el conocimiento y aval de dicha reforma en el ámbito local. Quiroz señaló una aparente discrepancia entre el respaldo que, afirma, le fue prometido por la titular del Ejecutivo federal y la operación política desplegada por la mayoría legislativa michoacana.
El conflicto ha elevado el tono del discurso político estatal. En su intervención, la alcaldesa cuestionó los riesgos que esta polarización podría implicar para la seguridad de su familia y su equipo de trabajo, solicitando a los legisladores locales reflexionar sobre las consecuencias sociales de la reforma. La sesión legislativa permanece bajo observación ante posibles nuevas convocatorias de manifestación.
La legislación electoral en Michoacán es objeto de constante escrutinio por parte de organismos de la sociedad civil y observadores políticos. Las reformas a las leyes de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado suelen tener periodos de ajuste antes de entrar en vigor, con el fin de evitar impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Estado.
