Por Juan Pablo Ojeda
La Fiscalía General de la República (FGR) emitió citatorios formales para comparecer en calidad de entrevistados a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia «Maru» Campos Galván, y al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Los requerimientos institucionales forman parte de dos carpetas de investigación independientes vinculadas a operaciones de seguridad transfronteriza y delincuencia organizada organizada en el norte del país.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, precisó las condiciones jurídicas de dichos requerimientos ministeriales durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, señalando que las órdenes emitidas por la representación social federal corresponden a fases de recopilación de testimonios y no a la formulación de imputaciones penales directas contra los mandatarios locales.
El desglose técnico de los requerimientos de la FGR detalla que en el caso de Sinaloa, la orden ministerial abarca un padrón de diez servidores públicos estatales y municipales. Este proceso de entrevistas se activó de manera subsecuente al anuncio realizado el pasado 29 de abril por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, la cual hizo pública una acusación formal por delitos federales de narcotráfico y portación de armas de fuego.
Dentro del mismo expediente radicado en territorio sinaloense se encuentran requeridos para declarar el senador por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Enrique Inzunza Cázarez, así como el presidente municipal con licencia de la demarcación de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quienes deberán presentarse ante los agentes del Ministerio Público de la Federación.
Por otra parte, el citatorio correspondiente a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se encuentra integrado en un expediente federal que indaga los hechos ocurridos durante un operativo táctico desplegado en un laboratorio clandestino de producción de sustancias sintéticas. En dicho evento se registró el fallecimiento de dos agentes de nacionalidad estadounidense, identificados en reportes de inteligencia como miembros adscritos a la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
La presidencia de la república puntualizó que los mecanismos procesales activados por la fiscalía federal responden a los protocolos ordinarios de integración de averiguaciones con vertiente internacional. El Ejecutivo Federal enfatizó que la naturaleza jurídica de la entrevista ministerial permite recopilar datos de contexto sin que esto altere el principio de presunción de inocencia de los funcionarios citados.
Los plazos procesales para el desahogo de las testimoniales se mantendrán bajo la reserva de ley estipulada en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Las autoridades ministeriales determinarán, tras concluir la fase de comparecencias presenciales, si los elementos informativos recabados justifican la modificación del estatus jurídico de los involucrados o el archivo de las líneas de investigación en curso.
