Los procesos legales de alto perfil entablados contra los periodistas Carlos Loret de Mola y Héctor de Mauleón exponen la intensificación del choque entre las estructuras del poder político y el periodismo de investigación en México. En el juicio civil promovido por Pío López Obrador, hermano del expresidente de la República, se reclama una indemnización de 400 millones de pesos a la plataforma LatinUS por la difusión de materiales audiovisuales que documentaban la recepción de fondos económicos en efectivo.
De igual forma, en Tamaulipas, la candidata judicial Tania Contreras interpuso un recurso administrativo contra Héctor de Mauleón y el periódico El Universal a raíz del reportaje titulado «Huachicol y poder judicial en Tamaulipas». El Instituto Electoral de Tamaulipas ordenó de forma expedita la remoción de la columna informativa y prohibió al analista realizar publicaciones posteriores sobre la funcionaria, determinación que De Mauleón rechazó públicamente al calificarla como un acto de censura previa.
El uso de los marcos jurídicos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG) se extendió a nivel estatal con la condena impuesta al periodista veracruzano Arturo Ángel Arellano Camarillo, colaborador del portal Al Calor Político. La sentencia, derivada de una nota informativa redactada en 2021 sobre las redes de influencia familiar de la candidata Mara Chama, incluyó multas económicas y la inscripción forzada del reportero en el padrón nacional de agresores del INE.
En Puebla, el Instituto Electoral del Estado instruyó un procedimiento sancionador ordinario contra la periodista Rubí Soriano, fundando la acusación de violencia de género en las opiniones vertidas por usuarios anónimos en los foros de discusión digital de su medio de comunicación. Este criterio jurisdiccional extensivo impone a los pequeños portales locales la obligación civil de moderar y suprimir los comentarios de la ciudadanía para evitar incurrir en infracciones institucionales.
Organizaciones de la sociedad civil y despachos de defensa legal como los encabezados por los abogados Alejandro Rojas Pruneda y Carlos Enrique Odriozola Mariscal advierten que estas demandas configuran una «operación de Estado» coordinada. Las querellas presentadas por gobernadores y legisladores locales en entidades como Veracruz, Sinaloa y Campeche buscan asfixiar la viabilidad económica de las redacciones críticas y forzar la adopción de dinámicas de autocensura gremial.
El análisis de estos casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en audiencias presididas por la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, sitúa las agresiones a la prensa mexicana en un contexto de vulnerabilidad compartida con informadores de Perú, como Paola Ugaz, y de Guatemala, como Juan Luis Font. Los colectivos internacionales demandaron la activación de una Relatoría Especial para monitorear el acoso judicial como herramienta de silenciamiento democrático.
La respuesta de los medios independientes ante este entorno adverso ha derivado en la creación de redes de reproducción cruzada y solidaridad editorial. Ante el amedrentamiento judicial de un comunicador por parte de figuras públicas —como los ataques emitidos desde tribunas oficiales por la gobernadora Layda Sansores—, los portales aliados replican de manera coordinada las investigaciones censuradas, asegurando la continuidad de la fiscalización social.
