Por Juan Pablo Ojeda
La gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, ratificó su permanencia en el Poder Ejecutivo local y descartó cualquier posibilidad de separación del cargo ante el amago de juicio político promovido por la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). La crisis institucional se originó tras el deceso de dos agentes adscritos a la Embajada de los Estados Unidos en territorio chihuahuense. La mandataria estatal argumentó que mantendrá la conducción administrativa de la entidad frente a los recursos de impugnación constitucional presentados.
El expediente de origen del conflicto técnico-jurídico se registró el pasado 19 de abril de 2026 en el municipio de Morelos, Chihuahua. En dicha demarcación, un accidente automovilístico cobró la vida de dos funcionarios vinculados a la representación diplomática de Washington y de dos elementos operativos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), dependiente de la Fiscalía General del Estado. El grupo interinstitucional retornaba de una incursión de campo dirigida al desmantelamiento de un laboratorio de procesamiento de narcóticos sintéticos.
Las investigaciones periciales terrestres y los informes de siniestralidad vial activaron un cruce de requerimientos entre la federación y el estado debido a la presunta operación de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sin los permisos correspondientes. El Gobierno Federal expuso que carecía de registros o notificaciones previas sobre actividades de agentes extranjeros en zonas de alta conflictividad delictiva. Dicho escenario vulneraría las disposiciones vigentes en la Ley de Seguridad Nacional respecto a la soberanía operativa.
Campos Galván puntualizó que su administración no realizó gestiones presupuestales ni logísticas para la incorporación de personal norteamericano a las tareas de la AEI, declarando un desconocimiento total de la presencia de los funcionarios extranjeros en la zona del percance. Los registros de la oficialía de partes del gobierno del estado no reportan el ingreso de citatorios formales o carpetas de investigación dirigidas a la gobernadora por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
En el plano de las comunicaciones bilaterales del Pacto Federal, la mandataria estatal confirmó un intento de enlace telefónico prioritario por parte de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a través del sistema de red segura conocido como «teléfono rojo». La llamada no se concretó debido a que la gobernadora se encontraba fuera de su despacho oficial. Los registros posteriores de la oficina del Ejecutivo local consignaron llamadas de retorno hacia las extensiones de la Presidencia sin obtener respuesta técnica de los enlaces.
El análisis de la composición parlamentaria en el Congreso del Estado de Chihuahua indica que Morena requiere de una mayoría calificada de dos terceras partes de los diputados presentes para procedimental el juicio político contra la titular del Ejecutivo. El bloque opositor local no cuenta actualmente con los asientos necesarios en el pleno para forzar la destitución, situando el diferendo en una fase de confrontación discursiva y litigio de orden mediático e institucional.
La mandataria estatal descalificó las acciones de la dirigencia de Morena, señalando que la utilización de este caso responde a una estrategia de distracción política ante problemáticas presupuestales e institucionales de carácter federal. El gobierno de Chihuahua mantiene el despliegue de las fuerzas de seguridad locales en la región de la Sierra Tarahumara de forma coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional, bajo los lineamientos del convenio general de pacificación, sin modificaciones tras el siniestro del 19 de abril.
