Por Juan Pablo Ojeda
El Gobierno de México formalizó este miércoles la firma del acuerdo denominado ‘Sistema de ordenamiento para el maíz blanco‘ con un bloque de 80 empresas nacionales y extranjeras pertenecientes a los sectores productor, comercializador e industrial. El convenio, suscrito en las instalaciones de Palacio Nacional, establece un marco regulatorio de carácter voluntario diseñado para reestructurar las cadenas de comercialización del grano, priorizar el consumo de la producción doméstica y contener las presiones inflacionarias sobre el precio final de la tortilla.
La implementación de este esquema técnico mandata la sustitución progresiva de las importaciones de grano mediante la activación de un modelo de compras anticipadas. El mecanismo operará a través de contratos estandarizados que vinculan directamente a los grandes consumidores industriales con pequeños y medianos productores agrícolas, garantizando un volumen de adquisición fijo antes del inicio de los ciclos de cosecha y estabilizando el flujo de inventarios en el mercado interno.
La jefa del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo, puntualizó que el proyecto introduce una plataforma digital de registro comercial que funcionará como una bitácora automatizada para transparentar las transacciones de compraventa. Esta herramienta tecnológica busca eliminar la intermediación especulativa en las zonas de acopio, permitiendo al Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) monitorear en tiempo real los inventarios disponibles y los rangos de precios pactados entre particulares.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Columba Jazmín López, precisó que las corporaciones firmantes asumieron el compromiso de agotar la oferta de maíz blanco mexicano antes de tramitar permisos de importación ante las aduanas federales. La funcionaria federal explicó que el fortalecimiento de la rentabilidad agrícola estará respaldado por un programa complementario de transferencia tecnológica, el cual facilitará el acceso a insumos biológicos y asistencia técnica directa.
Los parámetros operativos del convenio estipulan que el personal autorizado por el Gobierno de México coordinará los calendarios de distribución logística para asegurar que las harineras y nixtamaleros locales reciban el insumo de forma continua. La normatividad aplicable al sector agroindustrial se mantendrá sujeta a verificaciones periódicas por parte de las secretarías de Economía y Agricultura, buscando consolidar la autosuficiencia alimentaria en el rubro de granos básicos durante el presente año fiscal.
El anuncio gubernamental ocurre tras la alerta emitida el pasado 15 de abril por el Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), organismo que calificó de insostenible el congelamiento de precios del alimento debido a los incrementos acumulados en los costos de energía, transporte y refacciones, a pesar de la estabilidad relativa en la cotización de la tonelada de maíz. La presión del sector industrializado amenazaba con activar un incremento generalizado en el costo por kilogramo del producto básico en los centros urbanos.
Asimismo, la firma del documento desactiva de forma temporal el conflicto agrario en el noroeste del país, donde organizaciones de productores del estado de Sinaloa habían trasladado sus protestas a la Ciudad de México. Las agrupaciones regionales habían condicionado el cese de sus movilizaciones y la cancelación de un boicot logístico al Mundial de Futbol —previsto para inaugurarse en tres semanas— a la resolución inmediata de las demandas de precios de garantía para la producción excedente de la cosecha del ciclo otoño-invierno.
