Por Juan Pablo Ojeda
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso este miércoles 20 de mayo de 2026 sanciones financieras formales contra 12 personas físicas y dos empresas vinculadas a la estructura operativa del Cártel de Sinaloa. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) determinó el congelamiento de bienes y la prohibición de transacciones comerciales para estos objetivos, identificados como piezas clave en la cadena de suministro de fentanilo hacia el mercado norteamericano y el posterior blanqueo de capitales.
El informe técnico de la autoridad estadounidense detalla el desmantelamiento administrativo de dos células diferenciadas que operaban de forma paralela dentro de la organización criminal. La primera vertiente, de carácter predominantemente financiero, se encuentra bajo la coordinación directa de Armando de Jesús Ojeda Avilés, a quien los servicios de inteligencia fiscal señalan como el responsable de concentrar los flujos de dinero en efectivo generados por el comercio minorista de narcóticos en territorio estadounidense.
La metodología de blanqueo atribuida a la red de Ojeda Avilés consistía en la conversión sistemática de divisas físicas en activos digitales y criptomonedas para facilitar su transferencia transfronteriza hacia México sin activar las alertas bancarias convencionales. Dentro de este mismo nodo operativo, la OFAC incluyó en su lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) a Jesús Alonso Aispuro Félix, identificado como el principal gestor técnico de las carteras de activos virtuales del grupo.
Asimismo, el pliego de sanciones incorpora a Rodrigo Alarcón Palomares, quien cuenta con un proceso penal abierto en una corte federal de Estados Unidos por el delito de lavado de dinero, y al empresario mexicano Alfredo Orozco Romero. Este último es señalado por la autoridad fiscalizadora de utilizar un entramado de empresas comerciales y familiares en calidad de testaferros para reintroducir las ganancias ilícitas al circuito económico formal de ambos países.
La segunda estructura desarticulada mediante el decreto administrativo está encabezada por Jesús González Peñuelas, a quien el Departamento del Tesoro clasifica como un distribuidor de alta prioridad de metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo. Los registros logísticos indican que esta célula controlaba las rutas terrestres de introducción de cargamentos a granel a través de la frontera suroeste de los Estados Unidos, operando de manera independiente en la asignación de plazas de distribución.
El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, validó las medidas punitivas señalando que la actual administración federal mantendrá una política de tolerancia cero frente a las organizaciones calificadas por Washington como narcoterroristas. El funcionario federal enfatizó que el uso de las herramientas de fiscalización económica busca estrangular la liquidez de los cárteles para frenar el flujo de opioides sintéticos que ingresan a los centros urbanos estadounidenses.
El fentanilo, un opioide sintético con una potencia 50 veces superior a la heroína y 100 veces mayor que la morfina, se mantiene como el principal factor de mortalidad por sobredosis en la Unión Americana. El volumen de incautaciones de esta sustancia en los puntos de revisión fronterizos registró un incremento constante durante el último ciclo fiscal, lo que motivó la adopción de estas medidas de bloqueo patrimonial como mecanismo de contención complementario a las acciones de seguridad en campo.
