Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que no existe ningún riesgo operativo o político para el Gobierno Federal tras la entrega voluntaria de los exfuncionarios sinaloenses Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega a las autoridades judiciales de Estados Unidos. Durante la conferencia matutina celebrada en Palacio Nacional, la mandataria enfatizó que el sometimiento de los exsecretarios estatales fue una decisión estrictamente individual y descartó afectaciones en la estructura de la administración pública o en la estabilidad institucional del país.
Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Díaz Vega, extitular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la misma entidad, se pusieron a disposición de las autoridades norteamericanas en un contexto de investigaciones bilaterales. Ambos excolaboradores forman parte de un pliego de requerimientos que involucra a diez servidores públicos de la región, sobre quienes pesan acusaciones de conspiración delictiva. Los reportes iniciales indican que el proceso formal de entrega busca establecer esquemas de cooperación procesal con los fiscales de la Unión Americana.
El expediente judicial formulado en el extranjero señala a los exfuncionarios por presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con las indagatorias de las agencias estadounidenses, los acusados presuntamente facilitaron la protección operativa de las actividades logísticas de la facción de «Los Chapitos», perteneciente al Cártel de Sinaloa. El esquema delictivo descrito contempla el presunto cobro de sobornos financieros de cuantía millonaria a cambio de omitir la persecución penal.
En el mismo espacio informativo, la jefa del Ejecutivo federal rechazó de forma categórica la existencia de un escenario de vulnerabilidad que pudiera derivar en la clasificación de militantes de partidos oficiales como integrantes de organizaciones terroristas por parte de Washington. Al ser cuestionada sobre las versiones que sugieren presuntos vínculos generalizados entre cuadros políticos locales y agrupaciones del crimen organizado, la presidenta puntualizó que los indicadores institucionales descartan cualquier contingencia legal internacional de esa naturaleza.
Los acontecimientos procesales en la frontera norte ocurrieron pocas horas después de que se registrara una comunicación telefónica formal entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario estadounidense, Donald Trump. La conversación bilateral se concentró de manera específica en la revisión de las agendas comunes de seguridad fronteriza, el combate al tráfico de estupefacientes y la evaluación de los flujos migratorios, en medio de un incremento en las exigencias de la Casa Blanca para endurecer la persecución de los grupos delictivos transnacionales.
Desde la divulgación de las imputaciones iniciales a finales del pasado mes de abril, la postura del Gobierno de la República se ha mantenido en la línea de señalar la ausencia de pruebas públicas y vinculantes que demuestren de forma contundente la responsabilidad de los cuadros sinaloenses señalados. Entre los nombres incluidos en el acta de acusación se encuentra también el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuya situación jurídica permanece bajo observación de los órganos de fiscalización interna.
La entrega material de los titulares de las carteras de seguridad y finanzas modifica la trayectoria de la investigación judicial, desplazando el foco de las indagatorias desde los esquemas de protección policial en campo hacia los círculos de financiamiento, fiscalización y decisiones políticas del gobierno del estado. Las comisiones binacionales continuarán el intercambio de información técnica bajo los principios de reciprocidad internacional, mientras los órganos de control locales evalúan el uso de los recursos presupuestales ejercidos por los exfuncionarios bajo custodia.
