En un contexto de creciente preocupación por la ocupación irregular de viviendas, el Gobierno capitalino reportó 13 intervenciones para recuperar inmuebles y asegurar predios en distintas alcaldías, como parte de la estrategia del Gabinete contra Despojos, implementada del 9 al 13 de marzo.
De acuerdo con la Gobierno de la Ciudad de México, las acciones permitieron restituir departamentos, viviendas y predios a sus legítimos propietarios, así como asegurar espacios donde se detectaron ingresos sin autorización o intentos de apropiación ilegal. Las autoridades sostienen que estas medidas buscan frenar la consolidación de ocupaciones irregulares.
Las diligencias se desplegaron en demarcaciones como Iztapalapa, Xochimilco, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Tláhuac, donde se atendieron denuncias por conflictos de posesión, invasiones y presuntos despojos, según reportes oficiales.
En los operativos participó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a través de la Policía de Investigación, instancia encargada de integrar carpetas y garantizar que las actuaciones se realizaran conforme a derecho. La dependencia indicó que se dará seguimiento legal a cada caso para deslindar responsabilidades.
También intervinieron organismos como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos, con el objetivo de vigilar el respeto a garantías fundamentales durante los desalojos y aseguramientos. En algunos casos, incluso se reportó la participación de la Brigada de Vigilancia Animal, ante la presencia de mascotas en los inmuebles.
Las autoridades capitalinas informaron que, además de las restituciones, se realizaron acciones de resguardo en propiedades donde se detectó el quebrantamiento de sellos o intentos de reocupación, lo que evidencia la persistencia de disputas por la posesión de inmuebles en la ciudad.
Si bien el Gobierno local afirma que el Gabinete contra Despojos permite una respuesta más ágil y coordinada, especialistas han advertido que el problema de fondo —la lentitud en procesos judiciales y vacíos en la regulación de la posesión— continúa siendo un factor que facilita estos conflictos, particularmente en zonas de alta densidad urbana.
La administración encabezada por Clara Brugada Molina reiteró que mantendrá la estrategia para proteger el patrimonio de las familias y garantizar certeza jurídica, aunque el reto sigue siendo equilibrar la recuperación de inmuebles con el respeto pleno a los derechos humanos y la legalidad en cada intervención, conforme a lo señalado por instancias como la FGJCDMX y la CDHCM.
