Trabajadoras sexuales que ejercen en la Calzada de Tlalpan se manifestaron el 12 de febrero de 2026 frente al Congreso de la Ciudad de México para exigir soluciones ante la construcción de la Ciclovía Tenochtitlán, obra que —aseguran— ha reducido su espacio de trabajo y mermado sus ingresos. Las inconformes solicitaron apoyos económicos de al menos 21 mil pesos por afectaciones y alternativas de reubicación, al considerar que no fueron consultadas previamente.
La movilización, que incluyó bloqueos momentáneos en calles del Centro Histórico, contó con el respaldo de legisladores del grupo parlamentario de Morena, quienes se comprometieron a revisar el caso en comisiones. Las manifestantes advirtieron que, de no obtener respuestas concretas, podrían intensificar sus acciones.
Impacto por la Ciclovía Tenochtitlán
El proyecto Ciclovía Tenochtitlán forma parte de la estrategia de movilidad implementada por el Gobierno de la Ciudad de México rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La infraestructura conecta el Zócalo capitalino con el Estadio Azteca y contempla confinamiento de carriles mediante jardineras y señalización ciclista a lo largo de Calzada de Tlalpan.
De acuerdo con autoridades capitalinas, el objetivo es fortalecer la movilidad sustentable, garantizar seguridad vial y ofrecer rutas alternas para visitantes nacionales y extranjeros durante el Mundial. Sin embargo, las trabajadoras sexuales señalan que la delimitación de carriles ha reducido las zonas donde tradicionalmente ejercen el trabajo sexual desde hace décadas.
Denuncias de desplazamiento y gentrificación
Las inconformes argumentan que la obra ha derivado en un desplazamiento indirecto y en una disminución considerable de clientes, situación que —afirman— impacta de forma inmediata en su economía diaria. Además, denuncian un proceso de “gentrificación encubierta” que privilegia la imagen urbana y el turismo por encima de actividades históricamente toleradas en la zona.
Colectivos que acompañan la protesta sostienen que el trabajo sexual en la Ciudad de México está reconocido como actividad no asalariada, con credenciales expedidas por la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, por lo que exigen políticas públicas con enfoque de derechos humanos.
Respuesta institucional y mesas de diálogo
El Gobierno de la Ciudad de México informó que se han instalado mesas de diálogo interinstitucionales para atender las demandas y que, como medida de mitigación, se habilitaron 58 “puntos de inclusión” libres de obstáculos sobre la misma vialidad. Según autoridades locales, estos espacios buscan equilibrar el derecho al trabajo con la implementación de infraestructura ciclista.
No obstante, las manifestantes consideran que dichos puntos resultan insuficientes, mal ubicados o inviables comercialmente. Señalan que no existe un estudio público que evalúe el impacto socioeconómico específico de la ciclovía sobre su actividad.
Debate legislativo y enfoque de derechos
Diputados del Congreso de la Ciudad de México indicaron que analizarán posibles mecanismos de apoyo, ya sea a través de programas sociales existentes o mediante exhortos a dependencias del Ejecutivo local. Especialistas en derechos urbanos advierten que cualquier intervención pública debe incorporar consultas previas y evaluación de impacto social, conforme a estándares de derechos humanos.
Hasta el momento, la administración capitalina no ha anunciado compensaciones económicas directas, aunque reiteró que la obra responde a compromisos internacionales de movilidad y sostenibilidad adquiridos con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Un conflicto entre movilidad y economía informal
El caso evidencia la tensión entre proyectos de infraestructura urbana orientados a la movilidad sustentable y las dinámicas económicas informales que subsisten en corredores históricos de la ciudad. Mientras el gobierno defiende la ciclovía como parte de una política pública integral, las trabajadoras sexuales reclaman reconocimiento efectivo de su actividad y medidas compensatorias reales.
El desarrollo de nuevas mesas de negociación y la eventual definición de apoyos o reubicaciones serán clave para determinar si el conflicto escala o encuentra una salida institucional en las próximas semanas.
