El Congreso de la Ciudad de México analiza una iniciativa para prohibir las tarifas dinámicas en la venta de boletos de conciertos y espectáculos masivos en la capital del país, luego de las inconformidades generadas por el llamado “efecto BTS”, donde seguidores denunciaron aumentos de precio en tiempo real durante procesos de preventa y venta general.
La propuesta fue presentada por la diputada Rebeca Peralta y contempla reformas a la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos de la Ciudad de México. El objetivo central es establecer el principio de “previsibilidad del precio”, obligando a organizadores y plataformas de venta a mostrar desde el inicio el costo total del boleto, incluidos cargos por servicio, comisiones y cualquier otro concepto adicional, sin modificaciones posteriores durante la transacción.
De acuerdo con el planteamiento legislativo, la medida no pretende interferir con atribuciones federales en materia de protección al consumidor, competencia que corresponde a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), sino regular las condiciones vinculadas a los permisos y autorizaciones locales para la realización de espectáculos públicos en la capital.
El contexto de la iniciativa se remonta a la preventa de conciertos de la banda surcoreana BTS y del cantante británico Harry Styles, donde usuarios reportaron que los precios de los boletos se incrementaban conforme avanzaba la demanda, bajo esquemas de “precio dinámico”. Esta práctica, común en mercados internacionales, fue percibida por consumidores como falta de claridad y generó quejas en redes sociales y ante autoridades.
Según la exposición de motivos, el fenómeno evidenció la necesidad de reglas claras para evitar que los asistentes enfrenten costos distintos a los anunciados inicialmente. La diputada promotora sostuvo que la transparencia contribuiría a fortalecer la confianza en la industria cultural sin desalentar la realización de conciertos en la ciudad.
El proyecto establece que el incumplimiento de las nuevas disposiciones podría derivar en sanciones administrativas que van desde multas económicas hasta la suspensión del evento, cancelación de permisos o inhabilitación temporal de organizadores y empresas boleteras. La aplicación correspondería a las autoridades locales encargadas de supervisar espectáculos públicos.
La discusión legislativa se enmarca en un contexto de creciente demanda de regulación en plataformas digitales y servicios vinculados al entretenimiento masivo. De acuerdo con lineamientos generales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la capital se mantiene como uno de los principales destinos para conciertos internacionales, lo que incrementa la presión sobre autoridades para garantizar condiciones de equidad y transparencia.
Especialistas en derecho del consumidor han señalado que el reto consistirá en armonizar la regulación local con la normativa federal vigente, particularmente con la Ley Federal de Protección al Consumidor, para evitar controversias competenciales. Mientras tanto, la iniciativa deberá ser analizada en comisiones antes de su eventual votación en el pleno del Congreso capitalino.
