Durante conferencia de prensa desde el Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina sostuvo que la prioridad institucional ha sido el bienestar animal y la búsqueda de una solución “definitiva” entre las organizaciones involucradas. “Es momento de que se llegue a acuerdos entre ambas instituciones, hay que resolver este asunto”, declaró.
El posicionamiento se produce tras semanas de señalamientos cruzados y cuestionamientos públicos sobre la situación del Refugio Franciscano, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, así como sobre el destino y condiciones de los animales resguardados. La falta de información detallada sobre el avance del proceso ha alimentado la polémica en redes sociales y entre colectivos de protección animal.
Brugada Molina recordó que las intervenciones en el inmueble derivaron de una orden judicial relacionada con presunto maltrato animal. Indicó que las verificaciones se realizaron conforme a los procedimientos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, instancias responsables de la supervisión administrativa y de la investigación penal, respectivamente.
No obstante, la mandataria no detalló los alcances específicos de la orden judicial ni los hallazgos preliminares de las inspecciones, al señalar que el proceso sigue su curso. En ese sentido, subrayó que corresponde a las autoridades competentes determinar si existen responsabilidades y, en su caso, aplicar las sanciones previstas por la ley.
El Gobierno capitalino afirmó que trabaja para mejorar las condiciones del espacio intervenido mientras se resuelve la situación jurídica. Sin embargo, organizaciones civiles han solicitado mayor transparencia sobre el estado de los animales, los criterios técnicos utilizados en las evaluaciones y los mecanismos de supervisión posteriores a la intervención.
El conflicto también ha puesto sobre la mesa el debate sobre la regulación y vigilancia de refugios y asociaciones dedicadas a la protección animal en la Ciudad de México. Aunque la Constitución local reconoce a los animales como seres sintientes y obliga a las autoridades a garantizar su bienestar, especialistas advierten que la supervisión institucional enfrenta limitaciones operativas y presupuestales.
En este escenario, el llamado de la Jefa de Gobierno a privilegiar el diálogo entre la Fundación Hagenbeck y el Refugio Franciscano busca desactivar la confrontación pública, aunque el desenlace dependerá de las resoluciones judiciales y administrativas en curso. Mientras tanto, el caso se mantiene bajo escrutinio ciudadano, con el bienestar de los animales como eje central del debate.
