Por Bruno Cortés
La denuncia presentada el 3 de noviembre de 2025 ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por Ana Patricia Arteaga Massieu —quien acusa al diputado morenista Arturo Ávila Anaya de amenazas a través de la plataforma X (Twitter)— ha comenzado a generar dudas tras la revisión de los elementos gráficos que acompañan su reporte.
En el documento oficial, la denunciante adjunta una imagen de una supuesta conversación directa en la que se lee el mensaje “te voy a matar con mis propias manos”. Sin embargo, el formato de esa conversación no coincide con el diseño actual de la plataforma X. En la captura presentada, el fondo es oscuro y el mensaje aparece centrado, mientras que en la versión vigente de la interfaz los mensajes se muestran en burbujas con fondo blanco, tipografía azul y el usuario emisor aparece del lado izquierdo.
Además, la imagen incluye iconos de llamadas de voz y video, elementos que no existen en la versión de mensajería directa de X. Este detalle refuerza la posibilidad de que el material gráfico haya sido modificado o generado fuera de la plataforma.
Una comparativa entre la denuncia y una captura real de la interfaz de mensajes en X —como la correspondiente a la cuenta verificada de Maya Comunicación— muestra claramente las diferencias en la disposición de elementos, colores y alineaciones. En la plataforma real, las conversaciones presentan estructura lateral y no centrada, y los textos de respuesta aparecen a la derecha con fondo celeste claro.
Estos detalles técnicos coinciden con los argumentos expresados por el diputado Ávila Anaya durante su conferencia de prensa en San Lázaro, quien calificó el caso como un “montaje burdo” y sostuvo que los videos y capturas presentados por la denunciante presentan alteraciones de tiempo y orden cronológico.
Ávila Anaya afirmó también que la acusación tendría vínculos con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, a quien responsabilizó de impulsar una campaña de difamación en su contra por sus críticas al gobierno de esa demarcación. Según el legislador, “hay dinero y coordinación detrás de las cuentas que amplifican estas acusaciones”.
Por su parte, la Fiscalía de la Ciudad de México deberá determinar la autenticidad de las pruebas presentadas y definir si se configura algún delito por falsedad en declaraciones, como establece el artículo 311 del Código Penal local.
Mientras tanto, el caso continúa polarizando las redes sociales y la opinión pública, con usuarios que exigen una investigación técnica independiente sobre las capturas y videos difundidos.
