Una estructura prefabricada, un sobreprecio y ninguna garantía. Así se gesta, bajo la promesa de eficiencia y ahorro, una iniciativa que amenaza con convertirse en una tragedia evitable. CREAMEDIC, empresa vinculada al Grupo CIE —reconocido por organizar conciertos más que por salvar vidas— presentó al IMSS un proyecto para instalar una clínica de hemodiálisis en Aguascalientes, con un modelo reciclado de la pandemia: unidades médicas móviles. Lo que no dijeron es que ese “modelo exitoso” acumuló más de 1,682 millones de pesos en contratos directos durante el COVID, muchos de ellos criticados por su calidad dudosa y costos inflados.
La propuesta para Aguascalientes parte de una premisa tramposa: inflar el precio del servicio subrogado de hemodiálisis de $1,980 a $2,806 pesos por sesión. Así, con el espejismo de un ahorro inexistente, se justifica un gasto que, en realidad, representa un despilfarro de recursos públicos. Y lo que es peor: sin un verdadero beneficio para los pacientes. Bajo esta lógica, hasta comprar un auto a mensualidades usureras parecería una ganga.
La infraestructura propuesta por CREAMEDIC tampoco es motivo de orgullo nacional. Se trata de estructuras ligeras, metálicas, con vida útil de apenas seis años y sin certificaciones de COFEPRIS ni del Consejo de Salubridad General. En otras palabras: un cascarón caro y frágil donde se tratará a pacientes renales, personas que dependen de un entorno clínico seguro, controlado y permanente. Aquí no hay ahorro: hay negligencia disfrazada de innovación.
En ningún país del mundo se ha intentado operar una unidad móvil con 94 máquinas de hemodiálisis. Ni en Estados Unidos, ni en India, ni en zonas devastadas por desastres naturales. Es un invento mexicano con aroma a experimento fallido. Empresas internacionales como Odulair y Vertisa limitan sus modelos a un máximo de 20 estaciones por razones de seguridad. Pero CREAMEDIC apuesta por el triple… sin experiencia, sin evidencia, y con total desparpajo.
¿Y quién atenderá a los pacientes? El IMSS, claro. Porque, según el modelo, el personal lo debe poner la institución. Detalle menor: capacitar a una enfermera en terapia dialítica lleva entre 3 y 6 meses. No se improvisa. Y no basta con tener una bata blanca. Estudios internacionales revelan que una atención deficiente en hemodiálisis incrementa la mortalidad hasta en 23.3% anual. ¿Qué parte de “esto puede matar gente” no está clara?
El plan ya echó raíces en Aguascalientes, pero sus ramificaciones apuntan a Jalisco, Veracruz, Tlaxcala y Michoacán. Se está gestando una red de contratos plurianuales que, más que asegurar servicios médicos de calidad, parece garantizar un flujo constante de dinero público hacia bolsillos privados. Porque en México, incluso la salud puede convertirse en espectáculo… si se le entrega a una promotora de conciertos.
Lo que está en juego no es solo el presupuesto del IMSS, sino la dignidad institucional. Es el derecho a la salud versus el derecho a facturar sin rendir cuentas. Y mientras los pacientes esperan turnos para vivir unas horas más, hay quienes preparan escenarios de lámina y promesas de ahorro para justificar lo injustificable.
Aceptar este modelo sería institucionalizar la mediocridad. Sería rendirse ante la idea de que lo barato y provisional basta para los más vulnerables. Pero la salud pública no es un show itinerante. No podemos permitir que se convierta en uno.
