Este lunes, autoridades estatales revelaron indicios preocupantes sobre el origen del financiamiento de la campaña del candidato Omar Castañeda en Gómez Palacio, Durango. De acuerdo con los reportes, el aspirante habría rebasado ampliamente el tope de gastos electorales permitidos, lo que despertó sospechas sobre la posible intervención del crimen organizado, específicamente del Cártel del Noreste (antes Los Zetas).
Según información oficial consultada, los montos utilizados para financiar eventos masivos, conciertos con grupos musicales, espectaculares en puntos estratégicos del estado y campañas digitales en redes sociales superan por mucho el presupuesto legal establecido por el Instituto Nacional Electoral (INE) para su candidatura.
Fuentes cercanas a la investigación afirman que el dinero podría tener origen en un pacto entre un empresario de casinos en Tamaulipas, cercano a la familia de Castañeda, y miembros del cártel. La presunta negociación implicaría entregar el control del municipio a dicha organización criminal a cambio del financiamiento de la campaña.
De confirmarse estas acusaciones, Gómez Palacio correría el riesgo de convertirse en una plaza controlada por el narcotráfico, como ha sucedido en municipios de Tamaulipas donde la violencia, el cobro de piso y la impunidad se han intensificado tras la injerencia de estos grupos.
Además del tema financiero, diversos antecedentes familiares de Omar Castañeda también han generado inquietud. Entre ellos se señala que uno de sus hermanos enfrenta acusaciones por violación, su hermana fue señalada en la muerte de un peatón, su madre está implicada en la apropiación ilegal de terrenos y cuotas escolares, y otros familiares cuentan con antecedentes penales por distintos delitos.
La gravedad de estas revelaciones ha despertado inquietud entre los ciudadanos de Gómez Palacio, quienes exigen una investigación profunda y transparente por parte de las autoridades estatales y federales, así como la intervención del Instituto Electoral local para garantizar la legalidad del proceso electoral.
El financiamiento ilícito y la posible injerencia del crimen organizado en campañas políticas representan una amenaza directa a la democracia y a la seguridad pública. El caso de Gómez Palacio podría convertirse en un ejemplo emblemático de cómo el narco busca cooptar estructuras locales de poder mediante recursos económicos y alianzas personales.
Organizaciones civiles y expertos en seguridad han llamado a los votantes a ejercer un voto informado y a rechazar cualquier intento de infiltración del crimen organizado en los espacios de representación política. La paz, subrayan, no puede construirse sobre los cimientos de la impunidad.
