Individuos que se identifican ostensiblemente como elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) encabezan un esquema de coacción contra tenderos en el norte de México, obligándolos a retirar marcas comerciales reguladas para introducir productos controlados por redes delictivas. Grabaciones en video documentan incursiones a establecimientos donde los supuestos funcionarios imponen listas de distribución comercial no reconocidas por la ley.
En el material audiovisual en poder de esta redacción, los presuntos agentes revisan exhaustivamente los anaqueles, confiscan inventario legal sin emitir actas oficiales de aseguramiento y exigen la exhibición obligatoria de marcas específicas. Durante las diligencias irregulares, advierten que el desacato conllevará sanciones superiores a 200 mil pesos, el cierre definitivo del local mercantil y la remisión inmediata ante el Ministerio Público Federal.
Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha emitido pronunciamientos públicos para acreditar si los individuos captados en los videos forman parte del personal operativo de la institución o si se trata de células criminales dedicadas a la usurpación de funciones federales para controlar mercados regionales.
El catálogo impuesto a los comerciantes incluye marcas como Económicos, Studio 54 y Río, sellos comerciales vinculados en registros corporativos y regulatorios con la empresa Sijara International Manufacturing. Dicha compañía ha sido señalada previamente en indagatorias y denuncias mercantiles relacionadas con inconsistencias en permisos y comercialización de derivados del tabaco.
Representantes gremiales del comercio en pequeño advierten que los operativos se concentran de manera punitiva en el eslabón más vulnerable de la cadena productiva. La falta de acciones judiciales contra los centros de importación, bodegas regionales y mandos logísticos perpetúa la impunidad de las estructuras que financian el tráfico a gran escala.
La utilización de atribuciones institucionales aparentes transforma los mecanismos del Estado en instrumentos de extorsión patrimonial. Esta dinámica institucional viciada permite a los grupos fácticos desplazar la legalidad tributaria para imponer monopolios de facto en colonias de bajos ingresos y áreas suburbanas.
La ausencia de investigaciones exhaustivas por parte de los órganos internos de control debilita la confianza ciudadana y consolida vacíos de autoridad. Al carecer de mecanismos de protección y denuncia segura, los comerciantes quedan expuestos al arbitrio de operativos apócrifos diseñados para coaccionar la economía de subsistencia.