Por Juan Pablo Ojeda
El Comité de Madres y Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 formalizó este viernes una petición ante la Secretaría de Gobernación (Segob) para reactivar de forma inmediata el análisis técnico de 33 folios emitidos por la Secretaría de la Defensa Nacional. La solicitud, dirigida a la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, exige la apertura de mesas de trabajo especializadas para procesar datos de inteligencia militar que no han sido integrados formalmente a las carpetas de investigación ministerial.
El documento técnico enviado desde las instalaciones de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos detalla la necesidad de reorientar las brigadas de búsqueda de campo hacia tres polígonos geográficos específicos en el municipio de Iguala, Guerrero. Las familias fundamentan este requerimiento en registros documentales que ubican el traslado de al menos 17 normalistas hacia las inmediaciones de la comandancia de la policía municipal, y de otros 11 jóvenes hacia los predios conocidos como Jardines del Sol y la Laguna de Tuxpan.
Los representantes legales de las víctimas señalaron que desde el cierre del ejercicio fiscal 2024 se registró una desaceleración en el procesamiento de evidencias genéticas y de geolocalización por parte de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA). Este estancamiento operativo ocurre tras el desmantelamiento de la denominada “verdad histórica”, versión oficial que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) calificó previamente como un montaje administrativo.
El desglose de la estrategia metodológica planteada por el comité ciudadano incluye la creación de una comisión técnica integrada por cinco padres de familia, cuatro asesores jurídicos y personal de la CoVAJ. El objetivo de este órgano civil es extraer coordenadas geográficas y nombres clave contenidos en los archivos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) del Ejército, para que el Ministerio Público de la Federación proceda a realizar las diligencias de judicialización pendientes.
Los indicadores de impunidad del caso muestran que los principales mandos civiles involucrados en la alteración de escenas del crimen permanecen fuera del alcance de los tribunales mexicanos. Ante este panorama, el pliego petitorio insta a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a incorporar las solicitudes de extradición vigentes en la agenda de la mesa de seguridad bilateral con los Estados Unidos, priorizando los expedientes de los exfuncionarios Tomás Zerón de Lucio y José Ulises Bernabé.
Las familias alertaron sobre el riesgo de parálisis en el flujo de información gubernamental tras el relevo en la administración federal, por lo que aclararon que los encuentros solicitados con la Segob y la Fiscalía General de la República (FGR) son complementarios y no sustituyen las audiencias periódicas acordadas de forma directa con la presidenta Claudia Sheinbaum. El padrón de víctimas indirectas del caso suma un desgaste acumulado de 141 meses de procesos legales sin que se conozca el paradero final de los normalistas.
Finalmente, el comité exigió a las autoridades de los tres niveles de gobierno el cese inmediato del monitoreo policial y de los amagos de apertura de carpetas de investigación penal en contra de los estudiantes que realizan movilizaciones en la capital del país. Las minutas de seguridad interna revelan un incremento en las alertas tempranas en los perímetros de los recintos aeroportuarios y de transporte masivo, derivado de las protestas estudiantiles registradas en el contexto de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026.
