Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este viernes que la correspondencia emitida por el vicealmirante en retiro Manuel Roberto Farías Laguna desde el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, será canalizada de forma íntegra a la Fiscalía General de la República (FGR). Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal admitió que no ha impuesto lectura a la totalidad de las misivas donde el exoficial naval acusa a miembros del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de coordinar las redes de contrabando de combustible en el litoral del Golfo de México. El caso se encuentra radicado bajo la causa penal 325/2025.
La indagatoria penal que originó la captura de Farías Laguna y otras 13 personas —incluyendo a empresarios, personal de la Secretaría de Marina (Semar) y funcionarios de la Agencia Nacional de Aduanas de México— deriva de un operativo federal ejecutado el 31 de marzo de 2025 en el puerto de Tampico, Tamaulipas. En dicha acción, las fuerzas federales aseguraron un buque mercante que ingresó a territorio nacional el 19 de marzo de ese mismo año portando un cargamento no declarado de 10 millones de litros de diésel. La documentación aduanal apócrifa clasificaba el hidrocarburo bajo la fracción arancelaria correspondiente a aditivos industriales para eludir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
El desglose de los decomisos auditados por la FGR en el recinto portuario de Tampico incluye, además del volumen de combustible, el aseguramiento de terminales de almacenamiento provisional, tractocamiones con doble remolque, armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, municiones de diversos calibres y archivos contables digitales. La red delictiva, identificada por los órganos de inteligencia financiera como «Los Primos», utilizaba la infraestructura portuaria para internar hidrocarburos desde puertos de la costa sur de los Estados Unidos, evadiendo los controles fiscales mediante la alteración sistemática de los pedimentos de importación.
De acuerdo con los registros procesales, el exmando naval fue ingresado al penal de máxima seguridad del Estado de México tras cumplimentarse una orden de aprehensión anunciada por el gobierno federal el 7 de septiembre de 2025. La defensa del imputado denunció que la baja definitiva de la institución castrense, decretada el 18 de diciembre de 2025, canceló de manera inmediata los haberes de retiro, las prestaciones de seguridad social y la cobertura médica hospitalaria para sus dependientes económicos directos. El exoficial acusa una violación sistemática a la presunción de inocencia al ser privado de sus derechos laborales antes de recibir una sentencia condenatoria dictada por un juez de distrito.
El expediente técnico de la defensa señala que el auto de vinculación a proceso se sustentó primariamente en un indicio digital consistente en un video anónimo alojado en la plataforma YouTube, elemento que los litigantes califican como insuficiente para acreditar los elementos del tipo penal de delincuencia organizada. Asimismo, en una misiva fechada en abril de 2026, Farías Laguna solicitó formalmente la intervención del Poder Ejecutivo para obligar a la Semar a entregar las copias certificadas de la carpeta de investigación interna, un requerimiento que la dependencia dirigida por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles reservó por un periodo de cinco años bajo el argumento de riesgos a la seguridad nacional.
La Jefa del Ejecutivo Federal evitó fijar una postura respecto al señalamiento directo que el imputado realizó sobre la presunta participación de cuadros de Morena en el esquema de distribución y comercialización de hidrocarburos robados. Sheinbaum Pardo reiteró que la FGR mantiene el monopolio de la acción penal y es la única instancia facultada para validar o desechar las líneas de investigación que involucren a servidores públicos o militantes partidistas. «El vicealmirante tiene responsabilidad en los hechos», acotó la presidenta, respaldando la validez jurídica de las órdenes de captura ejecutadas por el ministerio público de la federación.
Los indicadores de recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) estiman que el contrabando de combustibles bajo la modalidad de huachicol fiscal genera una pérdida anual superior a los 40 mil millones de pesos en la hacienda pública. El operativo de Tampico es considerado por la actual administración como el mayor golpe logístico propinado a las estructuras del mercado ilícito de energéticos en el puerto tamaulipeco. Las autoridades federales mantienen bajo auditoría permanente los manifiestos de carga de las embarcaciones que arriban a las terminales marítimas de la región para desactivar las ramificaciones de la organización criminal.
