Por Juan Pablo Ojeda
La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública iniciaron un proceso de evaluación y fiscalización de los techos financieros ejercidos en la nómina magisterial para contrastar el pliego petitorio de la CNTE con los incrementos autorizados por la federación. La titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, afirmó que las mesas de negociación técnica continúan abiertas, condicionadas a la legalidad y a la capacidad presupuestaria del erario federal.
La viabilidad financiera de las concesiones otorgadas al magisterio se sustenta en las reformas de control a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), las cuales redujeron los márgenes de comisión cobrados a las subcuentas de los trabajadores. El remanente derivado de estas aportaciones complementa el financiamiento del Fondo de Pensiones para el Bienestar, un mecanismo sujeto a las auditorías ordinarias de la Auditoría Superior de la Federación.
Mario Delgado Carrillo sostuvo que las adiciones presupuestales que fijarán el sueldo promedio en 20 mil 351 pesos mensuales se encuentran debidamente etiquetadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, descartando desvíos de recursos. El funcionario argumentó que cualquier ajuste extraordinario exigido por las secciones disidentes de la CNTE implicaría una alteración a la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas.
Las protestas magisteriales en la capital del país derivaron en agresiones materiales contra inmuebles federales catalogados, lo que obligó a la activación de protocolos de resguardo por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Las carpetas de investigación correspondientes por daños a la propiedad pública e interrupción de las vías generales de comunicación fueron remitidas a las instancias ministeriales correspondientes para deslindar responsabilidades.
El marco jurídico de la autonomía profesional docente, defendido por el actual gobierno, elimina los esquemas punitivos de evaluación que condicionaban la permanencia de las plazas en el servicio profesional de la educación. No obstante, las reglas de operación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) siguen bajo el escrutinio de la CNTE, que exige la devolución del control discrecional de las vacantes.
La reducción de la edad de jubilación en el ISSSTE representa un pasivo contingente que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) monitorea de forma permanente debido a su impacto de largo plazo en las reservas actuariales. El gobierno federal justificó la medida aduciendo que el incremento en la recaudación fiscal permite absorber la carga pensionaria sin recurrir a endeudamiento público ni comprometer el gasto social de la federación.
Gobernación reiteró que no se cederá a presiones que pretendan vulnerar los procesos de transparencia en la asignación de recursos y salarios. Las autoridades mantienen la directriz de auditar de manera directa los fondos destinados a las secciones sindicales de Oaxaca, Chiapas y Guerrero para asegurar que los apoyos gubernamentales lleguen a los docentes frente a las estructuras intermediarias del sindicalismo tradicional.
