Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respaldó este jueves las declaraciones del exmandatario Andrés Manuel López Obrador sobre la existencia de acciones de intervencionismo ejecutadas por agencias de los Estados Unidos en territorio nacional. No obstante, la jefa del Ejecutivo federal estableció una distinción geopolítica al manifestar reservas respecto a que su homólogo estadounidense, Donald Trump, dirija de manera directa dicha ofensiva institucional contra la administración mexicana.
Durante la conferencia de prensa matutina denominada «La Mañanera del Pueblo» en Palacio Nacional, la mandataria detalló que las operaciones de interferencia extranjera se han documentado de forma sistemática durante las últimas semanas. El núcleo del diferendo diplomático se centra en dos acontecimientos de seguridad y procuración de justicia que alteraron la coordinación bilateral en la zona fronteriza y en el noroeste del país.
El primer indicador de tensión ocurrió en el estado de Chihuahua, donde un despliegue operativo no autorizado por la federación derivó en un enfrentamiento armado que provocó la muerte de dos agentes pertenecientes a la Agencia Central de Inteligencia (CIA). La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que el personal estadounidense operaba en cuadrantes nacionales sin las acreditaciones ni los permisos consulares que exige la Ley de Seguridad Nacional.
El segundo vector de fricción institucional se manifestó a través del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, organismo que formalizó una solicitud urgente de detención con fines de extradición en contra de diez ciudadanos mexicanos. El requerimiento judicial estadounidense incluye al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador de la misma entidad, Enrique Inzunza, ambos representantes electos bajo las siglas del partido oficialista.
Sheinbaum Pardo enfatizó ante los medios de comunicación que la emisión simultánea de órdenes de captura contra tres autoridades elegidas por voto popular en funciones representa un hecho sin precedentes estadísticos en la historia contemporánea de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. La Presidencia de la República catalogó el procedimiento judicial como una anomalía dentro de los convenios tradicionales de asistencia jurídica mutua.
El análisis de flujo de información del Gobierno de México vinculó estas acciones operativas con un incremento del 35% en la difusión de narrativas digitales y coberturas mediáticas orientadas a calificar a la administración federal como un «narcogobierno». Los sistemas de monitoreo de comunicación social de la federación identificaron que el despliegue de estas campañas de opinión pública mantiene un comportamiento coordinado en plataformas de redes sociales.
La estrategia de la administración mexicana priorizará la vía diplomática formal para exigir el esclarecimiento de las operaciones de inteligencia extranjera, manteniendo canales diferenciados con la Casa Blanca para evitar la parálisis de los acuerdos del T-MEC. Las mesas de seguridad binacional operarán bajo un esquema de revisión técnica estricta, condicionando los futuros intercambios de información al respeto de los perímetros jurisdiccionales de cada país.
