Por Juan Pablo Ojeda
El debate sobre la autonomía del Estado mexicano frente a las demandas de seguridad de su vecino del norte fue analizado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde una perspectiva histórica y estructural. Al recurrir a las memorias de Miguel de la Madrid Hurtado, la mandataria nacionalizó una tesis de la ciencia política regional: el combate transfronterizo a las sustancias ilícitas opera como un eje de subordinación geopolítica asimétrica.
La evocación de la administración de De la Madrid (1982-1988) sitúa el problema contemporáneo en el contexto de la crisis de la deuda y el surgimiento de los primeros grandes cárteles transnacionales. En sus memorias, el expresidente describió cómo las agencias de seguridad norteamericanas instrumentalizaban las fallas institucionales del aparato policial mexicano para condicionar la agenda económica y comercial del país en foros multilaterales.
Sheinbaum Pardo utilizó este antecedente de la doctrina de política exterior para matizar las fricciones vigentes con el gobierno de Donald Trump, argumentando que las dinámicas de fricción diplomática responden a inercias históricas estables y no a coyunturas de la actual administración. La estrategia mexicana consiste en responder a las demandas punitivas de Washington mediante la exhibición de indicadores de estabilización interna, como la reducción del 40% en homicidios.
La transición de paradigma en la gestión de la violencia en México privilegia la dimensión sociológica sobre el despliegue puramente táctico de las fuerzas de seguridad. La incorporación de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro representa un esfuerzo por desarticular la base social del crimen mediante la inclusión de los sectores históricamente marginados de los mercados laborales formales.
El análisis de la política pública de contención social revela un intento de desmarcarse de las directrices de la extinta Iniciativa Mérida, la cual priorizaba el equipamiento bélico y el adiestramiento militar bajo la supervisión de asesores estadounidenses. El actual modelo enfoca sus recursos en la creación de un colchón de bienestar que disminuya los índices de reclutamiento juvenil en los enclaves delictivos.
En el marco del derecho internacional, el Gobierno de México ratificó que la colaboración con el gabinete de Donald Trump se mantendrá bajo el principio de responsabilidad compartida, exigiendo reciprocidad en el control del tráfico de armas procedentes de las armerías norteamericanas. La diplomacia mexicana sostiene que el consumo interno de opiáceos en Estados Unidos constituye una crisis de salud pública que debe resolverse dentro de sus fronteras.
La persistencia de esta argumentación soberanista desde finales del siglo pasado demuestra la centralidad de la memoria histórica en el diseño de la política exterior de México. La postura de la presidenta Claudia Sheinbaum confirma que el país mantendrá la rectoría de sus estrategias de seguridad, definiendo sus propias metas de pacificación de acuerdo con los requerimientos específicos de su agenda interna de desarrollo.
