Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, utilizó la conferencia matutina de este 21 de mayo en Palacio Nacional para exponer registros videográficos de dirigentes partidistas y empresarios de oposición que se han pronunciado en contra de la continuidad de los programas sociales federales. La titular del Ejecutivo sustentó la defensa de las transferencias directas bajo el indicador de que 13.5 millones de ciudadanos salieron de la pobreza mediante este esquema de distribución presupuestal implementado desde el año 2018.
Durante el informe técnico de la sesión, la mandataria exhibió declaraciones previas del dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, así como del empresario Ricardo Salinas Pliego y la exaspirante presidencial Xóchitl Gálvez. Las evidencias audiovisuales recopilaron propuestas que planteaban la imposición de restricciones operativas a los beneficiarios de los programas públicos y críticas hacia el modelo de subsidios directos operados por la Secretaría del Bienestar.
La argumentación gubernamental expuso que el financiamiento de la política social y los proyectos de infraestructura estratégica ha sido viable debido a la eliminación de la condonación de impuestos a grandes contribuyentes y la optimización de los mecanismos de recaudación fiscal. El esquema de ingresos públicos permitió dar suficiencia presupuestal simultánea a obras como el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el Corredor Interoceánico, sin recurrir a endeudamiento externo extraordinario.
El balance macroeconómico presentado por la Presidencia detalló que la contención de la pobreza e inequidad social se complementó con incrementos sostenidos al salario mínimo y la supresión de la subcontratación laboral (outsourcing). Las modificaciones al marco laboral permitieron elevar la base cotizable del Instituto Mexicano del Seguro Social y robustecer los fondos destinados a las pensiones de adultos mayores y las becas estudiantiles generalizadas.
Sheinbaum Pardo contrastó estos indicadores macroeconómicos con las agendas de las administraciones previas al año 2018, señalando que los antiguos modelos de gestión pública priorizaban los estímulos a sectores empresariales de alta concentración de capital. Los datos oficiales del Gobierno de México defienden que la reducción del coeficiente de Gini (desigualdad) responde a un cambio estructural de la recaudación y no al gasto deficitario.
En la dimensión de la política exterior y soberanía económica, la jefa de Estado advirtió sobre la existencia de corrientes de opinión en los Estados Unidos que promueven agendas de subordinación económica en los países de América Latina. Comparó estas posturas externas con el orden económico prevaleciente en el siglo diecinueve, argumentando que la actual estabilidad cambiaria y comercial se basa en una negociación de condiciones simétricas.
Finalmente, la mandataria fundamentó su nivel de aprobación ciudadana y los recibimientos reportados durante sus giras de supervisión en una percepción generalizada de probidad administrativa. Sostuvo que el respaldo popular hacia la titularidad del Ejecutivo excede la demografía de los beneficiarios directos de los padrones del Bienestar, vinculándose a la percepción de honestidad y el combate a la elusión fiscal en los mandos superiores del gobierno.
