Por Bruno Cortés
Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, cruzó una línea que pocos actores políticos se atreven a tocar abiertamente: acusó a Morena de operar como un “cártel del crimen organizado” e incluso planteó la posibilidad de retirarle el registro como partido político.
En conferencia de prensa, el senador puso el foco en Sinaloa, donde —según su dicho— la violencia ha alcanzado niveles insostenibles, con más de 3 mil asesinatos y desapariciones. En su narrativa, el problema no se limita al crimen organizado, sino a una presunta red de complicidad desde el poder encabezada por el gobierno estatal de Rubén Rocha Moya.
Más allá de los datos —que requieren verificación puntual—, lo que marca la diferencia es el tono del discurso. Moreno no solo denuncia violencia, sino que construye un argumento político de alto voltaje al equiparar a un partido en el poder con una estructura criminal. En los hechos, se trata de un intento de deslegitimación total del adversario.
El líder priista también afirmó que durante el proceso electoral en Sinaloa más de mil operadores de su partido fueron “levantados” o intimidados, lo que, según su versión, influyó en los resultados. Sin embargo, hasta ahora no ha presentado públicamente pruebas documentales que respalden esa cifra, lo que abre dudas sobre el sustento inmediato de la acusación.
Para reforzar su postura, Moreno recurrió a un paralelo incómodo: el caso de Genaro García Luna. Señaló que el oficialismo celebró resoluciones judiciales en ese proceso, pero —según él— cuestiona investigaciones similares cuando involucran a figuras cercanas a Morena. Con ello, buscó instalar la idea de una doble moral en el gobierno.
Aun así, la crítica no puede leerse en un solo sentido. El PRI, partido que hoy encabeza Moreno, también arrastra un historial de casos documentados de corrupción y vínculos cuestionados con redes de poder. Esto obliga a una lectura más amplia: ¿se trata de una denuncia genuina o de una estrategia para reposicionarse en un escenario donde la oposición busca recuperar terreno?
El discurso sobre “narcopolítica” no es nuevo en México. Lo que cambia es quién lo utiliza y en qué momento. En este caso, el contexto importa: las declaraciones surgen cuando Morena domina el escenario político y el PRI intenta reposicionarse, lo que convierte a este tipo de señalamientos en herramientas de alto impacto mediático, aunque no necesariamente con efectos legales inmediatos.
Moreno aseguró que su partido prepara un procedimiento formal para solicitar la pérdida de registro de Morena, argumentando una “repetición sistemática de hechos graves”. Sin embargo, en términos legales, este tipo de procesos exige pruebas sólidas, resoluciones judiciales firmes y un estándar jurídico elevado. No basta con declaraciones, por contundentes que sean.
Mientras tanto, la realidad en Sinaloa sigue siendo el fondo del problema: violencia persistente, percepción de inseguridad y una ciudadanía que vive entre los hechos cotidianos y el choque de narrativas políticas.
Al final, lo que deja esta conferencia no es solo una acusación, sino una escalada en el lenguaje político. Una en la que el adversario deja de ser rival para convertirse en enemigo criminal. Y ese tipo de discurso, venga de donde venga, tiene consecuencias: polariza, tensiona y reduce los espacios para un debate público basado en evidencia.
