En el sistema penal acusatorio mexicano, la duplicidad del término constitucional es un mecanismo jurídico que permite extender el plazo inicial de 72 horas hasta 144 horas para que un juez determine si vincula o no a proceso a una persona imputada. Este recurso, contemplado en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede ser solicitado por la defensa con el objetivo de fortalecer su estrategia legal antes de una decisión clave.
En el caso del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, ocurrido en la Ciudad de México, la defensa de Juan Jesús “N”, señalado como presunto responsable, solicitó esta ampliación durante la audiencia inicial celebrada el 17 de abril de 2026 en los juzgados de la colonia Doctores. El juez de control concedió la petición, fijando la reanudación de la audiencia para el 22 de abril, fecha en la que se determinará su situación jurídica.
De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, la duplicidad del término no implica una dilación indebida del proceso, sino una garantía procesal que busca equilibrar las condiciones entre la acusación y la defensa. Durante este periodo adicional, la defensa puede recabar datos de prueba, revisar evidencias como grabaciones de video o peritajes, e incluso cuestionar posibles irregularidades en la detención o en la preservación de la escena del crimen.
No obstante, especialistas en derecho penal han señalado que, si bien este recurso fortalece el debido proceso, también puede generar percepciones de retraso en la impartición de justicia, especialmente en delitos graves como el feminicidio, donde la presión social exige resoluciones rápidas y contundentes.
En este caso, la medida no modifica la legalidad de la detención de Juan Jesús “N”, la cual ya fue calificada como legal por el juez de control, ni altera la imposición de la prisión preventiva oficiosa, prevista para delitos graves conforme al marco constitucional y al Código Nacional de Procedimientos Penales.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha reiterado que cuenta con elementos de prueba sólidos, entre ellos posibles registros videográficos y testimonios, los cuales serán analizados en la próxima audiencia. La institución ha sostenido que se dará seguimiento puntual al caso para evitar impunidad.
Por su parte, organismos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que el respeto al debido proceso es indispensable para garantizar sentencias firmes y evitar nulidades posteriores, lo que refuerza la importancia de herramientas como la duplicidad del término constitucional dentro del sistema acusatorio.
En un contexto de alta sensibilidad social frente a los feminicidios en México, este tipo de decisiones judiciales evidencian la tensión entre la celeridad de la justicia y el respeto irrestricto a los derechos procesales, un equilibrio que continúa siendo objeto de escrutinio público y jurídico.
