Ciudad de México, 21 de abril de 2026. La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que no habrá impunidad en el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés, joven de 21 años, y afirmó que ya existen acciones concretas ante posibles irregularidades, incluyendo la separación del cargo de tres elementos vinculados a la investigación.
Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria subrayó que el caso ya cuenta con una persona detenida y que las indagatorias continúan en curso bajo la responsabilidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, instancia encargada de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades tanto penales como administrativas.
Brugada Molina enfatizó que su administración no tolerará actos de corrupción o negligencia en casos de violencia de género, y señaló que se fortalecerán los mecanismos de supervisión institucional para garantizar que toda denuncia, especialmente por desaparición o feminicidio, sea atendida de manera inmediata y conforme a los protocolos establecidos.
No obstante, el posicionamiento ocurre en un contexto donde la propia autoridad reconoce posibles fallas internas. La jefa de Gobierno confirmó que tres funcionarios fueron retirados de sus cargos y actualmente están bajo investigación, lo que evidencia tensiones dentro de los procesos de procuración de justicia y abre cuestionamientos sobre la actuación inicial en el caso.
La mandataria también respaldó públicamente a la titular de la Fiscalía capitalina, Bertha Alcalde Luján, a quien calificó como una funcionaria “honesta y comprometida”, destacando resultados institucionales previos, como la judicialización del 95% de los feminicidios registrados en 2025, de acuerdo con datos oficiales de la propia Fiscalía.
Según cifras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de los 44 casos de feminicidio registrados el año pasado en la capital, 42 fueron judicializados, lo que implica que los presuntos responsables fueron llevados ante un juez. Sin embargo, especialistas han señalado que la judicialización no necesariamente se traduce en sentencias condenatorias, por lo que el seguimiento de los casos sigue siendo un reto estructural.
Brugada insistió en que las instituciones de seguridad y justicia atraviesan procesos de transformación que requieren vigilancia constante, particularmente ante denuncias ciudadanas. En ese sentido, aseguró que se dará seguimiento a los señalamientos de la familia de la víctima, al tiempo que se realizarán investigaciones internas para esclarecer cualquier posible irregularidad.
Finalmente, la jefa de Gobierno reiteró que su administración mantendrá una política de “cero tolerancia” frente a la impunidad y la corrupción, aunque el caso de Edith Guadalupe pone nuevamente bajo escrutinio la capacidad de las autoridades para garantizar justicia efectiva en delitos de alto impacto como el feminicidio.
