Un llamado contundente contra la corrupción sacude al sector cultural del país. La secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, lanzó un mensaje firme: “cero tolerancia” ante las presuntas irregularidades detectadas en escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), donde se investiga un posible esquema de fraude fiscal que involucra documentación apócrifa y suplantación de identidad.
Un artista en el centro del caso
El foco de la investigación apunta a la Escuela de Iniciación Artística 1 (EIA1), donde, según denuncias, se emitieron comprobantes fiscales digitales (CFDI) falsos a nombre del artista Leopoldo Hernández Castellanos, conocido como Polo Castellanos. Los documentos, correspondientes a 2024 y 2025, lo registraban como beneficiario de pagos y colaborador de la institución, pese a que —según su propio testimonio— nunca trabajó ahí ni recibió recurso alguno.
Las sospechas no terminan ahí. También se investiga la posible falsificación de firmas en cheques, contratos e incluso documentos de renuncia, lo que sugiere un entramado más complejo dentro de la operación administrativa de la escuela.
Investigación en marcha
El Inbal inició una revisión interna desde abril de 2025 y presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que ya integra la carpeta correspondiente. Aunque el proceso avanza bajo reserva, Castellanos ha sido llamado a declarar en calidad de testigo.
Sin embargo, el propio artista ha señalado que su denuncia, presentada en junio de 2025, no ha mostrado avances claros, lo que abre cuestionamientos sobre la celeridad del caso.
Postura oficial: transparencia y vigilancia
Desde la Secretaría de Cultura, Curiel de Icaza aseguró que no habrá encubrimiento ni tolerancia frente a actos de corrupción en instituciones culturales. Subrayó además que existe colaboración total con la FGR y que se informará públicamente conforme lo permita el sigilo procesal.
Por su parte, el Inbal afirmó haber activado mecanismos internos de control y sostuvo que, hasta el momento, no hay evidencia de que este tipo de irregularidades se repitan en otros planteles.
¿Caso aislado?
No todos dentro de la institución comparten esa visión. De forma anónima, una docente sugirió que estas prácticas podrían no ser excepcionales, lo que añade presión para que las investigaciones profundicen más allá de un solo plantel.
Un desafío para el sector cultural
El caso pone a prueba la integridad administrativa de una de las instituciones culturales más importantes del país. Mientras avanzan las indagatorias, la promesa de “cero tolerancia” se enfrenta a una exigencia social creciente: que la transparencia no solo se declare, sino que se demuestre con resultados.
