La iniciativa, impulsada en el Congreso de la Ciudad de México, plantea establecer límites a los aumentos anuales de renta con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna, particularmente en zonas afectadas por gentrificación y presión inmobiliaria. Autoridades locales sostienen que la medida responde a un interés público frente al encarecimiento sostenido del alquiler.
Desde el punto de vista constitucional, especialistas han señalado que la regulación de rentas no contraviene, en principio, el derecho a la propiedad privada. El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la propiedad privada, pero faculta al Estado a imponer modalidades dictadas por el interés público para lograr una distribución equitativa de la riqueza y el beneficio social.
Con base en este marco, constitucionalistas argumentan que los topes a los aumentos de renta no constituyen una confiscación, ya que no eliminan el derecho de uso ni de aprovechamiento económico del inmueble. La vivienda puede seguir siendo rentada, aunque bajo límites razonables que busquen equilibrar el mercado con el derecho a la vivienda, de manera similar a otras figuras de intervención estatal como la expropiación por causa de utilidad pública con indemnización.
No obstante, el debate se intensifica desde el ámbito financiero. Analistas del sector advierten que una regulación estricta podría desincentivar la inversión en vivienda en renta al reducir los rendimientos esperados y elevar el riesgo percibido por desarrolladores y propietarios, lo que eventualmente podría contraer la oferta disponible en el mercado formal.
En contraste, otros especialistas señalan que la estabilización de las rentas permitiría a los hogares destinar más recursos al consumo en otros sectores de la economía, lo que podría tener un efecto positivo indirecto y contribuir a contener la inflación asociada al rubro de vivienda, uno de los más sensibles en el índice de precios.
La experiencia internacional ofrece referentes mixtos. En Berlín, la implementación del “Mietendeckel” en 2020 congeló las rentas por cinco años, pero fue declarada inconstitucional en 2021 por invadir competencias federales. Tras su anulación, la oferta de vivienda nueva había caído cerca de 50% y los precios repuntaron de forma acelerada, de acuerdo con autoridades locales y organismos de vivienda.
Por otro lado, en Nueva York, los controles de renta vigentes desde 1969, administrados por el Rent Guidelines Board, han contribuido a la permanencia de comunidades históricas, pero también han generado escasez crónica de departamentos regulados, largas listas de espera y problemas de mantenimiento derivados de los menores ingresos de los propietarios.
Estos antecedentes muestran que, si bien las políticas de control de rentas pueden ofrecer alivio inmediato a los inquilinos, también suelen derivar en litigios prolongados y ajustes adversos en la oferta habitacional. En el caso de la Ciudad de México, el futuro de la Ley de Rentas Justas dependerá de su diseño final, su defensa jurídica y la capacidad del gobierno local para equilibrar el derecho a la vivienda con la certeza jurídica para la inversión inmobiliaria.
